Comparece ante el Congreso la contralora general del estado, Mercedes Santoyo Domínguez; destaca avances en colaboración e inclusión.
A través de la Contraloría General del Estado (CGE), el Gobierno de Veracruz mantiene en las acciones su compromiso con la transparencia, el comportamiento ético, la honestidad y el respeto a la ley en toda la administración pública, afirmó su titular, Mercedes Santoyo Domínguez, al presentar los resultados de la dependencia a su cargo correspondientes al ejercicio 2022.
En este acto de rendición de cuentas, parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo estatal, celebrado en el Recinto Oficial de Sesiones, estuvo moderado desde su inicio, a las 09:56 horas, por la diputada Rosalinda Galindo Silva y los diputados José Magdaleno Rosales Torres y Genaro Ibáñez Martínez, presidenta, secretario y vocal de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado de la LXVI Legislatura.
La Contralora del estado inició su comparecencia informando que, a través de los Órganos Internos de Control, la CGE realizó 427 evaluaciones financieras, en las cuales verificó el correcto registro de las operaciones y la aplicación adecuada de los recursos públicos, emitiendo en tiempo real y de manera preventiva 230 recomendaciones.
Respecto al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental CompraNet, habló del seguimiento dado a dos mil 771 incidencias, posicionándose en el segundo lugar nacional de cumplimiento al indicador evaluado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Además, la Contraloría brindó orientación, asesoría y acompañamiento a través de reuniones y mesas de trabajo con personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno.
De acuerdo con su titular, la CGE participó en 240 sesiones de comités de obra pública, en calidad de asesor, y en la supervisión en tiempo real de obras realizadas por las dependencias y entidades, verificando que los conceptos contratados coincidan con los ejecutados, emitiendo observaciones técnicas y recomendaciones.
Al cierre del ejercicio 2022, prosiguió la funcionaria, realizó fiscalizaciones de obra pública a la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública (SIOP), Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV) y Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) y revisado un total de 83 obras, por un monto de 2 mil 476.8 millones de pesos (mdp).
En el mismo sentido, los Órganos Internos de Control dependientes de la Dirección General de Fiscalización practicaron 40 auditorías a 19 dependencias y 21 entidades, con 121 observaciones, de las cuales 65 fueron relevantes y 56 generales.
Informó también que, este año, fue autorizada la creación de un Órgano Interno de Control para los Institutos Tecnológicos Superiores, Universidades Tecnológicas, Colegio de Veracruz y Universidad Popular Autónoma de Veracruz, como estrategia de equipo con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
A la fecha, se ha dado seguimiento a 84 auditorías practicadas al Ejercicio 2020, de las cuales, 80 son financieras, presupuestales y programáticas y cuatro auditorías técnicas a la obra pública; a la fecha, han concluido 73, derivando en 351 observaciones administrativas y 69 con presunto daño patrimonial. Los Órganos Internos de Control han iniciado 29 procedimientos de investigación administrativa.
Mercedes Santoyo explicó que, con la Secretaría de la Función Pública, en el marco del Acuerdo de coordinación de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la gestión gubernamental, la CGE realizó las auditorías al ejercicio de los recursos en los años 2020 y 2021, entre otras, a los programas Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral y el Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales.
También detalló que, con el objetivo de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, constituyeron mil 033 Comités de Contraloría Ciudadana, integrados por seis mil 500 ciudadanos, con la recopilación de 54 mil 884 cédulas de vigilancia, con presencia en 211 municipios del estado.
En materia de Contraloría Social, prosiguió la Contralora, actualmente se encuentran constituidos 478 comités, con la participación de 1,529 beneficiarios, teniendo la participación activa de la ciudadanía vigilante del adecuado uso de los recursos públicos.
Por otra parte, informó que la CGE impulsa acciones enfocadas a la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual en la administración pública estatal con acciones realizadas en coordinación con la Secretaría de Salud, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), el Centro Integral de Justicia para Mujeres (Cejum), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (Cejav).
Por último, la funcionaria destacó que, dentro de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, Veracruz ha cumplido con el cien por ciento de las líneas estratégicas que fueron aprobadas en el Programa Anual de Trabajo de la Comisión, atendiendo 35 proyectos y 55 actividades establecidas, con las que incentiva la participación social y a las y los servidores públicos a incrementar sus competencias profesionales por medio de diplomados, seminarios y cursos.
Participación de diputadas y diputados
En la primera ronda de preguntas participaron los diputados y diputadas José Magdaleno Rosales Torres (Morena), Bingen Rementería Molina (PAN), Anilú Ingram Vallines (PRI), José Luis Tehuintle Xocua (PT), Citlali Medellín Careaga (PVEM) y Juan Enrique Santos Mendoza (FXM), con temas relativos al número de servidores públicos que incumplieron con la presentación de su declaración patrimonial y el motivo por el que no se les ha aplicado las sanciones administrativas correspondientes y por qué la ASF determinó la no acreditación de la comprobación de recursos federales asignados al estado.
Así como las acciones que ha realizado la CGE como parte de los resultados emanados del Sistema Estatal Anticorrupción y cuántos informes ha enviado a este órgano y en qué sentido, qué actividades de fiscalización ha efectuado a obras en municipios del distrito de Zongolica, cuáles son las iniciativas de ley que podrían fortalecer la labor de la Contraloría, cómo afrontaron la resistencia al cambio en la administración pública estatal y, de las 230 recomendaciones, cuáles fueron las acciones u omisiones más recurrentes en la gestión financiera del año.
Con la participación del diputado y las diputadas Lidia Irma Mezhua Campos, Adriana Esther Martínez Sánchez y Marco Antonio Martínez Amador (Morena), así como Itzel Yescas Valdivia y Verónica Pulido Herrera (PAN), inició la segunda ronda, con cuestionamientos referentes al estatus de las 141 quejas pendientes de resolución, el estado de las 252 denuncias y la razón por la cual solo han concluido 22; las causas más reiteradas en las sanciones que fueron desde la amonestación, inhabilitación y hasta la destitución; causas que originaron el envío de un oficio a la Sefiplan solicitando evitar la simulación en la comprobación de recursos y cuántas empresas han sido sancionadas, el motivo y seguimiento a cada caso.
Asimismo, cuántos contratos han sido otorgados por el Gobierno del Estado a empresas de reciente creación y las adjudicaciones a proveedores sancionados por instancias fiscales; qué hace la Contraloría en los casos de posible tráfico de influencias y cuáles han sido las acciones de apoyo a las unidades de género de las dependencias estatales.
Concluidas las dos rondas de preguntas y respuestas, la diputada Rosalinda Galindo Silva agradeció la presencia de la Contralora y, siendo las 13:21 horas, concluyó la comparecencia.
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