Trump autoriza redadas migratorias en escuelas, universidades e iglesias

Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado nuevas medidas para intensificar las redadas migratorias, permitiendo que estas se realicen en escuelas, universidades e iglesias. Esta decisión, anunciada como parte de su política migratoria más estricta, ha generado una ola de críticas por parte de grupos defensores de derechos humanos y organizaciones religiosas.

Un cambio drástico en la política migratoria

Anteriormente, estos lugares eran considerados «zonas sensibles» donde las redadas no estaban permitidas, salvo en circunstancias extraordinarias. Sin embargo, la nueva directriz elimina estas restricciones, otorgando a las autoridades migratorias mayor libertad para actuar en busca de personas indocumentadas.

Reacciones y preocupaciones

Líderes religiosos, educadores y activistas han denunciado la medida, argumentando que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de comunidades vulnerables. «Estas acciones erosionan la confianza entre las comunidades y las instituciones que deberían protegerlas», señaló un portavoz de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos.

Por otro lado, los defensores de esta política argumentan que es una herramienta necesaria para hacer cumplir las leyes migratorias y garantizar la seguridad nacional.

Impacto en las comunidades

La autorización de redadas en estos espacios ha provocado temor entre familias migrantes, muchas de las cuales han comenzado a evitar asistir a iglesias y escuelas por miedo a ser detenidas. Expertos advierten que estas acciones podrían tener consecuencias devastadoras, como la interrupción del acceso a la educación y servicios básicos para miles de niños y jóvenes.

Lo que sigue

Organizaciones civiles han anunciado que tomarán acciones legales para desafiar esta política, mientras que gobiernos locales y estatales están evaluando cómo proteger a las comunidades afectadas. Este cambio en la estrategia migratoria subraya la creciente polarización en torno al tema en Estados Unidos y plantea preguntas sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos.

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