Un tribunal federal concedió un amparo a la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, contra la inhabilitación para ejercer un cargo público por un periodo de 10 años que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) por “faltar a la verdad” en una de sus declaraciones patrimoniales, sanción que fue confirmada el 8 de septiembre de 2021 por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
El amparo otorgado a la ex colaboradora del ex presidente Enrique Peña Nieto revoca la inhabilitación y ordena reponer el procedimiento, pero sin que represente una sentencia definitiva a su favor, ya que la autoridad responsable puede volver a inhabilitarla para ejercer cargos públicos por un periodo menor de tiempo.
La sentencia dictada por el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa considera que la sanción prevista en los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es excesiva al no contemplar atenuantes y agravantes de la conducta, puesto que puede haber omisiones, descuidos y “faltas a la verdad” graves y totalmente deliberadas al momento de rendir una declaración patrimonial.
“Es decir, esta particularidad permite que las ‘faltas a la verdad’ en que puede incurrir un servidor público tengan orígenes y efectos diferentes. Por ejemplo, no es equiparable el hecho de que un servidor público omita intencionalmente declarar bienes de gran valor económico, como lo podría ser una cuenta bancaria con importantes cantidades de dinero, al caso de que un funcionario, por error o descuido, omita declarar bienes poco relevantes, como lo podría ser una cuenta bancaria inactiva, sin saldo alguno, aun cuando en ambos casos, podría colegirse que la declaración patrimonial no se presenta con veracidad”, argumenta el fallo judicial.
Por lo anterior, los magistrados del citado tribunal, Silvia Cerón Fernández y Jorge Ojeda Velázquez, aprobaron la sentencia en la que se declara inconstitucional la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo mínimo de 10 años a quien “falte a la verdad” al momento de rendir su declaración patrimonial.
No obstante, el fallo no es absolutorio para Rosario Robles, ya que el efecto de la sentencia es ordenar a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitir un nuevo fallo, pero con base al artículo 37 de la propia Ley Federal de Responsabilidades, el cual prevé la inhabilitación por periodos de un año a cinco años, para todos los funcionarios públicos que no presenten su declaración patrimonial en tiempo y forma, incurriendo en una omisión.
“Es fundado el concepto de violación esgrimido, toda vez que el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es inconstitucional, por simplemente sancionar severamente cualquier “falta a la verdad”, sin atemperar las condiciones de comisión de la infracción. En consecuencia, la norma reclamada contraviene el artículo 22 constitucional, porque impone un rango mínimo de sanción que resulta excesivo, al permitir que cualquier conducta construida a partir de una “falta a la verdad” sea sancionada con base en el mismo plazo mínimo (diez años de inhabilitación), sin atender a la conducta en particular ni a los efectos que ésta produce frente al bien jurídico protegido”, señala un extracto de la sentencia.
El fallo judicial fue dado a conocer por la propia Robles Berlanga a través de sus redes sociales. El magistrado Jorge Higuera Corona votó en contra de la resolución y emitió un voto particular.
De acuerdo con Rosario Robles, la “falta a la verdad” que se le atribuye es no informar en una de sus declaraciones patrimoniales la existencia de una cuenta bancaria con 2 mil pesos, misma “que jamás tuvo un movimiento y que incluso fue cancelada por el propio banco”.
Por lo anterior, insistió en que ha sido juzgada con “toda la saña” con la que pueden actuar las instituciones del Estado mexicano, a pesar de lo cual, la justicia le ha dado la razón en otra de sus batallas judiciales “y en contra de la infamia de la que he sido objeto”.
La también ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) está interna en el penal de Santa Martha Acatitla, ya que enfrenta un proceso penal por presuntos desvíos relacionados con “La Estafa Maestra”.
