La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha suspendido por tres meses, sin goce de sueldo, a la jueza Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz. La suspensión se debe a diversas investigaciones que señalan presuntas irregularidades en su desempeño, incluyendo nepotismo, acoso laboral, incumplimiento de horarios y otras conductas negativas.
Antecedentes del Caso
Nancy Juárez Salas generó controversia al ordenar a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma judicial. Esta instrucción, que iba en contra de las disposiciones federales, fue desestimada por el gobierno, lo que aumentó el escrutinio sobre su actuación.
La jueza no es ajena a conflictos legales y administrativos. En abril de 2021 fue suspendida debido a denuncias presentadas por 12 servidores públicos, aunque la sanción fue revocada en marzo de 2023, lo que le permitió retomar su cargo.
Decisión de la CJF
La Comisión de Disciplina señaló que la suspensión actual es resultado de un análisis profundo de las acusaciones en su contra, incluyendo prácticas de acoso y favoritismo laboral. Esta medida busca reforzar los estándares éticos y profesionales dentro del Poder Judicial.
Impacto en el Poder Judicial
La suspensión de Juárez Salas se produce en un contexto de transformaciones importantes en la estructura judicial mexicana. Este caso subraya la importancia de garantizar que los funcionarios judiciales actúen con integridad y responsabilidad en un momento en el que la independencia del Poder Judicial es objeto de intenso debate.
Reacciones
Aunque no se han emitido declaraciones oficiales por parte de la jueza, este hecho ha generado opiniones divididas entre juristas y ciudadanos, quienes consideran crucial fortalecer la transparencia y el profesionalismo en el sistema judicial.
La resolución de la CJF refuerza su compromiso con la rendición de cuentas, enviando un mensaje claro de que las conductas irregulares no serán toleradas en uno de los poderes fundamentales del Estado.
