Con 73 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, el Senado de la República aprobó la ampliación de la figura de prisión preventiva oficiosa. Esta medida, que será enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación, extiende el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, una disposición que ha generado intenso debate en los ámbitos político y social.
Entre los delitos añadidos se encuentran corrupción, abuso sexual contra menores, contrabando y otros considerados de alto impacto. Con esta reforma, las personas acusadas de estos delitos deberán permanecer en prisión durante el proceso judicial, sin posibilidad de enfrentar el juicio en libertad.
Posturas enfrentadas en el debate legislativo
Los legisladores que votaron a favor argumentaron que esta ampliación refuerza la seguridad y protege a las víctimas en casos graves, evitando que los acusados eludan la justicia. Por otro lado, los detractores señalaron que la reforma vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia y podría propiciar abusos, especialmente contra poblaciones vulnerables.
Críticas nacionales e internacionales
Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han expresado preocupación por el uso de la prisión preventiva oficiosa en México, calificándola como una práctica que contraviene los estándares internacionales en derechos humanos. Además, organizaciones civiles y expertos legales consideran que esta medida representa un retroceso para el sistema de justicia penal, ya que prioriza el encarcelamiento automático por encima de un análisis caso por caso.
Próximos pasos y posibles impugnaciones
La reforma podría enfrentar impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se revisaría su compatibilidad con la Constitución y los tratados internacionales firmados por México. Mientras tanto, la implementación de esta medida marca un cambio significativo en el sistema penal del país.
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