“En el caso de que alguien atente contra sí mismo, contra su vida, no procede ni el pago de la pensión, ni procede el pago del seguro”, declaró Romero Oropeza.
El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, informó que se ha presentado una denuncia por la probable comisión del delito de corrupción en el caso de la muerte del ex coordinador de asesores de Petróleos Mexicanos, Carlos Fernando Márquez Padilla García, por lo que calificó como un pago indebido de su seguro de vida y de su pensión.
Durante la conferencia de prensa matutina del lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador, Romero Oropeza señaló a quien era su esposa en aquel momento, la académica María Amparo Casar Pérez, de beneficiarse irregularmente con dichos pagos, afirmando que la muerte “obedecía a suicidio”, y no a un accidente laboral.
El funcionario federal precisó que los pagos de seguros de vida y pensiones del personal en activo de Pemex proceden solamente en caso de accidentes de trabajo.
En el caso de que alguien atente contra sí mismo, contra su vida, no procede ni el pago de la pensión, ni procede el pago del seguro.
Fue durante la conferencia mañanera de López Obrador del pasado viernes cuando se dio a conocer públicamente las acusaciones en contra de María Amparo Casar, un día después de que la académica presentó su libro “Los puntos sobre la íes. El legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó”, en el cual se hace un balance muy crítico sobre la actual administración federal.
Ese día, Romero Oropeza sostuvo que la muerte de Márquez Padilla García, ocurrida en 2004, se debió a un presunto suicidio, por lo que acusó a Casar de cobrar una pensión indebida por más de 31 millones de pesos, a lo largo de los años transcurridos, tras hacer pasar el hecho como un accidente en su lugar de trabajo.
En este marco, el titular de Pemex reveló que la empresa presentó una denuncia contra Casar, actualmente presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y otras personas involucradas por lo que calificó como un acto de presunta corrupción y agregó que Pemex buscará recuperar esos 31 millones de pesos pagados a María Amparo Casar por la muerte de su esposo.
Durante la conferencia matutina del lunes, Octavio Romero Oropeza afirmó que, a pesar de que la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) determinó que la muerte de Márquez Padilla se había tratado de un suicidio, se cobró su seguro de vida y pensión, lo que constituye un acto de corrupción.
Por este motivo, afirmó que se ha presentado una denuncia por la posible comisión del delito de corrupción, buscando el resarcimiento del presunto daño cometido a las finanzas de Petróleos Mexicanos.
Estos funcionarios ya no están, pero no quedan exentos de la acción de la justicia. Eso es algo que tiene que analizarse en la dirección jurídica de Pemex.
Romero aseguró que aun cuando han pasado casi 20 años de la muerte de Márquez Padilla, el delito no ha prescrito, debido a que “se ha seguido pagando la pensión hasta este año”.
En este sentido, el funcionario federal calificó como “poco usual” que María Amparo Casar recibiera el pago del seguro antes de que la PGJDF determinara que se había tratado de un suicidio.
Sobre la difusión de datos personales de María Amparo Casar, quien funge actualmente como directora de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Octavio Romero Oropeza afirmó que no se violó la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO).
Durante su exposición, dio lectura a una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en la que se establece que la información contenida en carpetas de investigación de la Fiscalía Especial en Delitos por Hechos de Corrupción no puede ser reservada.
El pasado domingo, el Gobierno Federal divulgó el dictamen de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sobre la muerte del ex coordinador de asesores de Petróleos Mexicanos, Carlos Fernando Márquez Padilla García, en el que se aprueba el no ejercicio de la acción penal por tratarse de un asunto de privación voluntaria de la vida.
El documento de 11 fojas fue certificado en febrero de este año por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y fue divulgado el domingo 5 de mayo a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de México.
El dictamen establece que “en este caso, no se acreditaron los elementos constitutivos del cuerpo del delito de homicidio, y que, de acuerdo a lo actuado, en la hora occiso realizó maniobras con el fin de quitarse la vida lanzándose por la ventana del 12 piso del edificio de Pemex”.
Lo anterior, con base en el “dictamen de criminalística de campo en el que elaboraron mecánica de hechos, y en el que se concluyó que Carlos Fernando Márquez Padilla García, al encontrarse en su oficina, se precipitó por una ventana”.
El documento detalla que el ex funcionario de Pemex cayó por la ventana “con la cabeza hacia abajo, perdiendo el calzado al caer, rasgándose sus ropas y cinturón, ya que fue golpeando el cuerpo contra las estructuras metálicas y las ventanas del edificio, y al caer al piso se había golpeado primeramente la cabeza, posteriormente la región dorsal y las extremidades inferiores”.
En seguimiento al caso de corrupción Márquez Padilla, denunciado por @Pemex, el director general @OctavioRomero_O amplió información en la Conferencia de Prensa del Pdte. @lopezobrador_ indicando que fue denunciado ante las autoridades correspondientes.
Precisó que el acto de… pic.twitter.com/x14pX8SoPL
— Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 6, 2024
Otro de los detalles que revela que no se encontraron “indicios de violencia en la oficina, ya que todo estaba en orden, por lo cual se consideró que, muy probablemente en los hechos, no hubo la participación de terceras personas, resultando con esto que el ahora occiso realizó maniobras de tipo suicida para privarse de la vida”.
Por este motivo, el dictamen estimó en su resolución que “es procedente autorizar la propuesta de no ejercicio de la acción penal”.
