Un reportaje de Latinus ha sacado a la luz presuntas irregularidades en la asignación de contratos gubernamentales por un monto superior a 1,100 millones de pesos a las empresas Avacor y Grupo Servicorvel, relacionadas con personas cercanas al exsecretario de Gobernación y actual coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández.
Contratos Inflados y Competencia Simulada
Las empresas, vinculadas a Carlos Prats García, habrían obtenido al menos 32 contratos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para suministrar equipo al Ejército y a la Guardia Nacional. Entre los productos adquiridos se incluyen boinas, fornituras, escudos y otros equipos de protección.
Según el reportaje, los precios de estos productos fueron inflados hasta el triple y se simuló competencia entre las compañías en procesos de licitación, en violación de las normativas establecidas para contrataciones internacionales.
Relación con Adán Augusto López
Carlos Prats García es hijo de Carlos Prats Pérez, quien fue colaborador cercano de Adán Augusto López durante la década de los 90 en Tabasco. La relación entre ambas familias, según Latinus, habría facilitado la adjudicación de contratos a las empresas de Prats García, generando cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
Este caso se suma a otros en los que personas cercanas a López Hernández, como Maclovio Yáñez Villagrán, Gerardo Sánchez Zumaya y Fernando Padilla, también habrían sido beneficiadas con contratos públicos.
Señalamientos de Corrupción
Las denuncias han generado críticas sobre la transparencia en la asignación de contratos en sectores sensibles como la seguridad nacional. Hasta el momento, ni Adán Augusto López ni las dependencias gubernamentales involucradas han emitido declaraciones al respecto.
Un Caso Bajo la Lupa
Este caso pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de garantizar transparencia en el uso de recursos públicos y de establecer mecanismos que impidan prácticas de corrupción en las licitaciones gubernamentales.
