El Poder Judicial de la Federación (PJF) enfrenta una de sus mayores crisis tras la aprobación de un recorte presupuestal de 14,042 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2025, equivalente al 16.5% menos de lo solicitado. Esta decisión, tomada por la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, ha desatado protestas entre trabajadores judiciales y generado preocupación sobre las posibles repercusiones en la impartición de justicia.
Preocupación por el Futuro del Sistema Judicial
Patricia Aguayo, vocera de los empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), advirtió sobre el impacto de esta medida:
«Va a propiciar que, en lugar de que se mejore la impartición de justicia, haya un retroceso significativo. Representará el cierre de órganos, de juzgados, de tribunales; inclusive el despido de trabajadores. Se va a generar una grave crisis».
Recursos para Operaciones y Prestaciones
El presupuesto solicitado por el PJF contemplaba que el 80% de los recursos se destinara a sueldos, salarios y prestaciones, incluyendo pensiones complementarias y apoyos médicos. Sin embargo, la reducción aprobada podría afectar la operación de juzgados y tribunales, además de comprometer la implementación de la reforma laboral.
Los trabajadores del PJF exigen que se respete el artículo décimo transitorio de la reforma judicial, que garantiza los recursos necesarios para preservar sus derechos laborales.
Movilización de los Trabajadores
Ante este panorama, los empleados del Poder Judicial han iniciado protestas en varias entidades del país, advirtiendo que el recorte presupuestal amenaza con agravar la crisis actual del sistema judicial mexicano. Además, consideran que estas medidas vulneran su estabilidad laboral y limitan la capacidad de impartir justicia de manera eficiente.
Un Sistema en Riesgo
La SCJN y el CJF han enfatizado la importancia de mantener un financiamiento adecuado para garantizar una impartición de justicia efectiva. Este recorte podría no solo afectar a los trabajadores, sino también a los ciudadanos que dependen de un sistema judicial que funcione de manera óptima.
Este conflicto subraya la necesidad de un diálogo entre las autoridades legislativas y el Poder Judicial para encontrar soluciones que permitan mantener la estabilidad laboral y la operación del sistema judicial en beneficio de todos los mexicanos.
