Desde hace dos años y nueve meses, tanto Ilse como Verónica reciben atención en la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) A.C. En su primer contacto con la organización, en octubre de 2019, tenían apenas seis y cinco años de edad, respectivamente. Llegaron ahí para recibir ayuda tras presuntamente haber sufrido abuso sexual por su padre, Manuel Cavazos, entonces magistrado en materia penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).
Mariel Albarrán, madre de las menores, denunció al padre de sus hijas en 2019. Manuel Cavazos buscaba ser ratificado como magistrado, pero el Tribunal fue informado de la denuncia en su contra y se negó a ratificarlo. Él buscó, sin éxito, ser restituido en el cargo por un amparo.
Pese a todos los datos contenidos en la carpeta de investigación en contra de Cavazos por abuso sexual contra sus hijas, en marzo de 2021 se determinó “el no ejercicio de la acción penal por no encontrar elementos probatorios suficientes para formular la imputación ante un juez de control”. Pero esa no fue la última página escrita en esta historia: el caso será reabierto.
Después de que Albarrán recurrió a tribunales federales, el pasado 13 de julio la misma jueza que había desechado el caso en dos ocasiones, Luz Elena López Padilla, ordenó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX reabrirlo y tomar en cuenta todos los elementos de prueba, entre los que se encuentran los relatos consistentes de ambas niñas (con audios incluidos donde las víctimas señalan a su agresor) ante su madre, autoridades y especialistas –del Sistema Nacional DIF y del Centro de Terapia de Apoyo de la Fiscalía, además de ADIVAC– y que antes no fueron tomados en cuenta.
El magistrado Cavazos en una reunión ante el Congreso de la CDMX
López Padilla estuvo en riesgo de ser separada de su cargo por no resolver conforme a lo solicitado por un juzgado de Distrito, pues su decisión no se basaba en lo manifestado por las partes y fue considerada “incongruente”.
“No empezaremos desde cero, lo que ahora sigue es que regresen la carpeta de investigación con los datos de prueba que ya existen, y a partir de este momento, el Ministerio Público o la Fiscalía tienen la obligación de recabar todos los datos necesarios para judicializar la carpeta.
“Una de mis peticiones es que efectivamente garanticen que este hombre (Cavazos) sea llevado a juicio y que no se sustraiga de la acción de la justicia. Esto representa un logro jurídico muy importante porque hemos vivido casi tres años suplicando justicia, pero también dando la batalla”, dice en entrevista la mamá de las niñas.
Para la audiencia del 13 de julio, debieron avisar a todas las partes, por lo que el exmagistrado fue notificado por estrados, es decir, en la Unidad de Gestión Seis, lo cual sucede cuando las partes están ilocalizables y no pueden ser emplazadas de manera personal ni vía telefónica o por correo electrónico, sin que acudiera.
Albarrán acusa que desde el inicio la obstaculización del proceso se convirtió en una constante, debido a la posición y cargo que ocupaba Cavazos como magistrado. La violencia institucional de un segundo agresor, el Estado, ha sido parte de un camino “tortuoso” para ella y sus hijas, asegura, ya que en México denunciar la violencia sexual y romper con el silencio implica luchar contra el sistema y una negación de abordar los casos con perspectiva de género y de derechos de infancia.
En mayo de 2021 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCMX) avaló congruencia en las distintas declaraciones de las niñas ante diferentes especialistas, por lo que señaló que la Fiscalía debía incluirlos en la carpeta de investigación.
“Han sido tres años, pero así tengan que luchar 20, 30… Lo voy a hacer por mis hijas. Lamento profundamente que las autoridades de la Ciudad de México no hagan su trabajo y que sea a través de ‘amparazos’ que se logre esta justicia, si no fuera por las instancias federales, en este caso, del Poder Judicial de la Federación, sería muy complicado avanzar, mucho más”, enfatiza Mariel Albarrán.
La madre de Ilse y Verónica, de hoy nueve y ocho años, se refiere a las impugnaciones, amparos y revisiones registradas a lo largo de casi tres años en esta batalla legal en contra del presunto agresor, para llegar hasta este punto.
“Esto no debería suceder si las autoridades capitalinas hicieran su trabajo, este tiempo transcurrido, en cualquier caso, es en perjuicio de niñas, niños y adolescentes agredidos. Hay una dilación excesiva en la procuración e impartición de justicia. Ninguna madre, ningún niño, ninguna niña, debería vivir este calvario”.
De acuerdo con los informes de Adivac y su directora fundadora, Laura Martínez, existe registro de que, desde su llegada (hace dos años y nueve meses), ambas niñas, aunque más notorio y preocupante en la mayor, Ilse, manifestaron temor ante la posibilidad de volver a ver a su padre.
Ambas continúan recibiendo atención del centro especializado en atención a víctimas de violencia sexual, que al recibirlas también identificaron en ellas una condición de ansiedad, enojo, vergüenza, desconfianza y tristeza, una sintomatología compatible con quienes han sido agredidas de esta forma.
Para Albarrán la reapertura del caso es “un rayito de luz” para sus hijas y ella misma.
“Todo este tiempo también me avoqué a lo más importante que es su tratamiento sicológico. Yo misma estoy en terapia. Tienes que levantarte de los escombros… De donde estés, para buscar un poco de luz, de paz. Y seguir.
“Te encuentras con la negligencia, la indolencia de las autoridades locales que lejos de protegernos, nos han revictimizado y violentado institucionalmente. Pero estoy más dispuesta y decidida que nunca a no claudicar en esta búsqueda de justicia porque mis hijas lo merecen”.
