Estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos se enfrentaron a elementos de la Guardia Nacional y policías estatales al intentar tomar la caseta de peaje de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero.
Al lugar, arribaron alrededor de 500 elementos de la Guardia Nacional y policías estatales, con equipo antimotín, para replegar a los normalistas que llegaron a bordo de al menos ocho autobuses.
Los manifestantes lanzaron piedras y palos a los agentes de seguridad por lo que la circulación hacia Acapulco fue cerrada.
Las autoridades replegaron a los manifestantes rumbo a Chilpancingo para retomar la seguridad en la zona.
Minutos después los manifestantes tomaron un tráiler para impactarlo contra la caseta de peaje, donde se ubicaban los elementos de seguridad, sin embargo, este vehículo no dio en el objetivo.
Los normalistas pedían a las autoridades que los dejaran “volantear” durante una hora y media, para después retirarse.
En semanas recientes, los jóvenes han utilizado de forma creciente la toma de casetas para exigir justicia por los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero.
Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha prometido resolver el caso desde que llegó a la presidencia en 2018, aún se desconoce el paradero de los jóvenes.
“Nosotros somos una escuela de lucha, una escuela que no se queda callada, no se queda sumisa ante los atropellos del Gobierno, un Gobierno en turno que nos quiere callar, nos sigue tirando puras mentiras”, exclamó otro de los estudiantes al inicio de la manifestación.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ha afrontado crecientes presiones por la toma de casetas, por lo que el jueves 3 de febrero del 2022 pidió a las fuerzas federales resguardarlas de “vándalos” que las usan para adquirir dinero.
La presión también ocurre porque este fin de semana en México es el puente festivo, por lo que la Autopista del Sol será una de las más transitadas.
Las autoridades de federales intentaron llegar a un acuerdo con los estudiantes de la normal, aunque algunos jóvenes denunciaron que hubo lesiones, no confirmadas aún de manera oficial.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) promovió la “verdad histórica” que señalaba que los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cartel Guerreros Unidos, que los mató e incineró en un basurero de Cocula.
Pero la Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
