El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de transferir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mediante un acuerdo presidencial, ha suscitado una oleada de críticas por parte de organizaciones de defensa de derechos humanos, académicos, analistas y periodistas, entre otros.
En redes sociales, analistas y diversos actores políticos reaccionaron a la noticia; criticaron que con esta acción se pretenda eludir el debate legislativo y la reforma constitucional que plantea el Ejecutivo en la materia.
Además, señalaron que es el Poder Legislativo el único facultado para modificar la naturaleza de la Guardia Nacional, que actualmente está adscrita constitucionalmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Entre las críticas, usuarios de redes sociales compartieron videos, en los que dieron cuenta de las veces que el propio López Obrador, cuando fue opositor de los gobiernos anteriores, se pronunció en contra de la militarización del país.
En un mensaje difundido en abril de 2010, en plena guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, el actual mandatario se negó a que se le dieran facultades excesivas al Ejército y se pronunció a favor de un gobierno civilista y no militarista.
Dijo que había que cuidar que el Ejército no fuese utilizado para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles, ya que no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. “No podemos aceptar a un gobierno militarista”, apuntó entonces.
También recordaron cuando Manuel Bartlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se pronunció en marzo de 2017 en la tribuna del Senado contra la Ley de Seguridad Interior impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El entonces senador Bartlett, acusó que la legislación impulsaba la militarización del país y se dijo en contra de que el Ejército mexicano realizara tareas de seguridad pública, para las que no está facultado constitucionalmente.
“Seriamente, analicen, porque sí se va a militarizar al país, corriendo un riesgo que han corrido todos los países de América Latina menos nosotros porque se logró un ejército civilista y destinado a sus tareas, después de grandes problemas”, señaló el senador petista.
Entre las reacciones más críticas al anuncio del presidente están la del colectivo ‘Seguridad sin Guerra’, integrado por académicos, especialistas y activistas en materia de derechos humanos y seguridad.
En un pronunciamiento público, los integrantes del colectivo señalaron que la expansión militar ha sido por años una decisión inconstitucional, desde la guerra emprendida por Felipe Calderón, hasta la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto. Aseguraron que “toda participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en los hechos o en la ley, es violatoria de la constitución”.
En ese sentido, apuntaron que ni Peña ni Calderón se atrevieron a dar el paso anunciado por el presidente López Obrador esta semana.
Criticaron el silencio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde que se publicó el acuerdo que permitió el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en 2020, al que denominan “acuerdo militarista”.
Calificaron la reciente decisión como un golpe militar a la Constitución y pidieron que no solo el legislativo debe rechazar cualquier reforma en ese sentido, sino que la Corte debe convocar a audiencias públicas con víctimas y expertos para deliberar sobre el tema.
Igualmente plantearon que la sociedad debe manifestarse contra la que, dijeron, “es la amenaza más grande que ha recibido la democracia”.
