El reporte de la ASF corresponde a las auditorías que fueron sometidos 101 municipios alrededor del país, cuatro alcaldías de la Ciudad de México y 25 estados.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en la segunda entrega de la Cuenta Pública de 2021 irregularidades en materia de seguridad que ascienden hasta los mil 93 millones de pesos.
En suma, con las anomalías detectadas en la primera parte de la Cuenta Pública de 2021 que fue entregada en julio pasado, las policías de las alcaldías, municipios y de los estados tienen pendiente por aclarar el paradero de mil 343 millones 804 pesos.
Esto corresponde a las auditorías que fueron sometidos 101 municipios alrededor del país, cuatro alcaldías de la Ciudad de México y 25 estados, que hasta el momento no han justificado el gasto de dichos recursos.
Cada una de las localidades auditadas ha gastado, en promedio, más de 13 millones 304 mil pesos de los que la dependencia a cargo de David Colmenares no conoce el destino o para qué fueron utilizados.
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2021, todas estas irregularidades se encontraron en la implementación del gasto obtenido por parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del que hace entrega el gobierno federal para aumentar la capacidad de respuesta de las demarcaciones para cubrir las demandas generales −y no sólo en seguridad− de la población.
El Fondo se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente al 2.35 por ciento de la recaudación federal que es repartido en las 32 entidades del país. Además de esa aportación federal, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México tienen acceso a bienes otorgados por las secretarías de Hacienda a nivel local para el combate a la inseguridad.
En este informe que fue entregado de manera virtual por parte del auditor Superior de la Federación, se detalla que la policía municipal que más irregularidades presentó durante el año pasado fue el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, con 166 millones de pesos.
Hasta diciembre del año pasado, Chimalhuacán era el tercer municipio más inseguro del Estado de México, sólo por detrás de la entidad vecina Nezahualcóyotl y empatada con Toluca, de acuerdo al semáforo delictivo del Estado de México.
En cuanto a irregularidades financieras, según reveló la ASF, la localidad que se ubica por detrás del municipio mexiquense es la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Sandra Cuevas, que hasta el momento no ha justificado el gasto de 122 millones de pesos y que el año pasado la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI expuso que seis de cada 10 habitantes se sienten inseguros.
Otras localidades que presentan gastos no comprobados son Coyoacán, con 82 millones 782 mil pesos; el municipio de San Luis, con 82 millones 156 mil; Tuxtepec, con 78 millones 422 mil; Reynosa, con 77 millones 65 mil; el estado de Michoacán, con 64 millones 742 mil; Tlalpan, con 59 millones 160 mil; Orizaba, con 53 millones 643 mil; Juchitán, con 47 millones 537 mil; y Coahuila, con 46 millones 985 mil pesos, por mencionar algunos.
Caso contrario ocurre con los estados de Campeche, Colima, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y los municipios de Acuña, Aguascalientes, Ahome y Apatzingán, entre varios otros, que de acuerdo con la Cuenta Pública de 2021 no deben un sólo peso.
Los adeudos, por su parte, se dan en medio de un contexto en el que organizaciones de la sociedad civil exigen al gobierno que incremente los presupuestos de las policías locales para que éstas mejoren y cumplan con sus tareas de seguridad pública, pues en los últimos años han sido relegadas por las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, dependencias que cada vez obtienen más recursos para estas labores.
