El funcionario destaca que priteger datos e información clasificada como de seguridad nacional es necesario para la estabilidad del país.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, urgió a expedir la Ley General de Ciberseguridad antes de que concluya el actual Periodo Ordinario de Sesiones, con el fin de establecer y distribuir debidamente las competencias y bases de coordinación entre la Federación, los estados y municipios en esa materia.
Destacó que este tema es de la mayor relevancia para la estabilidad del país, pues tiene que ver con la protección de datos e información clasificada como de seguridad nacional, que se encuentra resguardada por instituciones que son esenciales para la soberanía.
Insistió en que este ordenamiento debe ser una prioridad para el Congreso, porque los “hackeos” a la Secretaría de la Defensa Nacional “son sumamente delicados”, por lo que es conveniente legislar al respecto
Recordó que grupos de ciberdelincuentes han sustraído información de manera ilegal de dependencias como la Sedena, lo que, “además de evidenciar la vulneración de nuestros sistemas informáticos, ponen en riesgo al Estado mexicano”.
Advirtió que se trata de una llamada de alerta “para que aceleremos el proceso de legislación en materia de ciberseguridad, a fin de proteger la información y los datos que son resguardados tanto por dependencias públicas, como por instituciones privadas, económicas y financieras”.
Mencionó que en el primer trimestre de 2022, en México se registraron 80 mil millones de intentos de ciberataques, que representan más de la mitad de los que se dieron durante todo 2021, cuando se detectaron 156 mil millones de intentos para sustraer información de manera ilegal.
Datos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, dan cuenta de que de septiembre de 2020 a abril del 2022, esta dependencia atendió 34 mil reportes ciudadanos en materia de ciberseguridad, principalmente relacionados con secuestros de datos bancarios, institucionales y personales.
Por ello, acotó, es necesario fortalecer el marco jurídico en el país, ya que el cibercrimen genera pérdidas a la industria y a los consumidores de entre tres mil y cinco mil millones de dólares anuales, lo que afecta el comercio electrónico y merma la confianza de la población en los sistemas digitales.
El Centro Iberoamericano para el Desarrollo e Investigación de la Ciberseguridad, agregó Monreal, reportó que sólo en 2017, más de 33 millones de ciudadanos en México fueron afectados por el cibercrimen, lo que ocasionó pérdidas por siete mil 700 millones de dólares.
“Esta delicada realidad que vive la humanidad en la era del Internet nos obliga a los legisladores a mejorar los marcos legales, a fin de velar por la seguridad y protección de la información, tanto de las dependencias públicas como de las personas y las empresas”.
