En medio de la polémica el próximo 30 de noviembre magistrada Isabel Inés Romero Cruz concluye su periodo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura, con lo cual también deberá retirarse por haber cumplido 70 años, edad máxima para ser magistrada.
Tras ello, en los primeros días del mes de diciembre el pleno del Tribunal deberá realizar una sesión pública en la que se seleccionará al magistrado o magistrada que estará al frente de este poder durante el periodo 2022-2025. Desde varios sectores se pide que al elegir al nuevo o nueva representante del Poder Judicial sea una persona que logre mejorar la impartición de justicia, las condiciones de los espacios del Poder Judicial y que se tengan las puertas abiertas.
¿Cuál es la postura política de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz?
Romero Cruz ha sido una de las mujeres más criticadas desde que asumió la presidencia, debido al activismo político que ha manifestado a favor de Morena, con el gobernador Cuitláhuac García y con la secretaria de Energía, Rocío Nahle García; su intervención en temas políticos y los mensajes que ha dado a los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia.
La magistrada llegó a la presidencia del Poder Judicial en sustitución de Sofía Martínez Huerta, quien el 23 de octubre de 2020 fue destituida del cargo como presidenta del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura por acuerdo de siete magistrados integrantes del Pleno.
Pese a que en abril pasado cumplió 70 años, edad máxima para permanecer en una magistratura conforme a lo establecido en la ley, Romero Cruz envío una solicitud al Congreso local en la que pidió una dispensa para poder concluir el cargo que le fue conferido.
En sesión extraordinaria, por mayoría de votos el pleno del Congreso local le concedió la dispensa al argumentar que al aplicársele el retiro se tendría que nombrar nuevamente a un presidente o presidenta, por lo que en un mismo periodo habría tres titulares y ello pondría en riesgo la estabilidad del Poder Judicial.
En los últimos tres años en el Poder Judicial se han registrado actos que se volvieron mediáticos. El primero de ellos fue la designación de 22 magistrados, debido a los procesos de nombramiento y remoción de presidentes.
Además, se hizo visible la falta de recursos por 500 millones de pesos en 2021 que obligó a la reducción de salarios y el retiro forzado de las magistradas Yolanda Castañeda Palmeros y Concepción Flores Saviaga, quienes fueron desalojadas de sus oficinas al cumplir 70 años. A las disputas internas del Poder Judicial se le deben sumar las denuncias que hiciera la entonces magistrada presidenta Sofía Martínez Huerta, sobre un presunto intento de control político desde el Poder Ejecutivo y Legislativo.
