Washington acaba de publicar una nueva versión de la llamada Lista Engel, en la que quita la visa a funcionarios acusados de antidemocráticos y corruptos. La nómina, esta vez, manda fuertes mensajes a los tres presidentes del norte de Centroamérica.
Uno de los asesores de comunicaciones más cercanos a Nayib Bukele. Un vicepresidente legislativo que es pieza clave de la presidenta Xiomara Castro en el congreso hondureño. El fiscal guatemalteco que ha emprendido investigaciones penales contra opositores a Alejandro Giammattei y sus aliados. El gobierno de Estados Unidos publicó el miércoles 20 de julio una actualización de la llamada Lista Engel, en la que nombra a individuos centroamericanos implicados en corrupción. En esta ocasión, la lista viene cargada de advertencias a los gobernantes de los tres países del llamado Triángulo Norte y, en el caso de Guatemala, a algunos de sus empresarios más poderosos.
La Lista Engel es el nombre coloquial que se ha dado en Washington y el mundillo diplomático relacionado con Centroamérica a una herramienta política creada por la Ley de Compromiso Ampliado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, que fue aprobada en diciembre de 2020 a iniciativa del excongresista demócrata de Nueva York, Elliott Engel. La ley, luego, fue incluida como parte de otra legislación que regula las operaciones extranjeras del Departamento de Estado.
Lo que esta legislación manda es que el Secretario de Estado debe de enviar al Congreso, dos veces por año, una lista de “individuos que, con conocimiento de causa, se han involucrado en actos que amenazan procesos o instituciones democráticas, que se han involucrado en corrupción significativa o que han obstaculizado investigaciones de dichos actos de corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador”. Quienes son listados pierden el derecho de obtener visas para viajar a Estados Unidos y son sujetos a que se bloqueen activos financieros o propiedades que tengan en territorio estadounidense.
La publicada el 20 de junio pasado es la tercera actualización de la lista. Y, esta vez, los mensajes políticos que con ella legan a Ciudad de Guatemala, San Salvador y Tegucigalpa podrían tener consecuencias más claras que en ocasiones anteriores. Como dijo un funcionario diplomático estadounidense a Infobae: “No es tanto el tema de las visas ni siquiera de las posibles sanciones económicas, es lo que se está diciendo al oído de los (que están) en la lista y de sus socios”.
Honduras: Primera llamada de atención a Xiomara Castro
El mensaje a la gobernante hondureña es, acaso, el más claro esta vez. “La luna de miel con Castro parece haber terminado con esto”, dijo un diplomático centroamericano basado en Washington que conoce detalles sobre la confección de esta lista y quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público.
En esta versión de la Engel, el Departamento de Estado incluye a exfuncionarios del gobierno de Manuel “Mel” Zelaya (2006-2009), expresidente y esposo de Xiomara Castro. Entre ellos hay dos diputados del Partido Libre, controlado por Zelaya, quienes han sido piezas clave de la presidenta en el congreso hondureño durante los primeros meses de gestión.
Uno de ellos es Rasel Antonio Tomé Flores, vicepresidente del Congreso, a quien Washington señala por “participar en corrupción significativa cuando usó su posición como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente US$327,000 de fondos públicos”.
Tomé fue uno de los principales operadores en la reciente aprobación de una polémica ley especial para regular la nominación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que abre la puerta para que personas con investigaciones o procesos judiciales abiertos puedan postularse para el máximo tribunal.
Tomé y su partido Libre también aprobaron, en febrero pasado, una amnistía legislativa a exfuncionarios del gobierno de Mel Zelaya que salieron del país tras el golpe de Estado que depuso al expresidente en 2009. La amnistía, según una nota del periódico de investigación Contracorriente, fue interpretada como “un pacto de impunidad” general que permitirá a funcionarios de Zelaya investigados por corrupción o incluso narcotráfico evadir a la justicia. Tomé fue el diputado que dio impulso legal a la amnistía en el Congreso.
La Lista Engel incluye también a Enrique Flores Lanza, exministro de la presidencia de Zelaya y quien fue procesado por malversación de fondos públicos en un caso conocido como El Carretillazo. A poco de la aprobación de la amnistía, Flores quedó absuelto de todos los cargos en su contra y es, hoy, asesor de la presidenta Castro.
Ya antes de la publicación de esta versión de la lista, voces en Washington habían advertido de que la influencia de Zelaya en el gobierno de su esposa podría ponerla a ella en aprietos con Estados Unidos. “Los principales problemas políticos de la presidenta pueden derivar de esa dualidad. Por ahora todo el gobierno (en Washington) está del lado de Castro y de lo que ella intenta hacer, pero también hay que tomar en cuenta la influencia política y poder que tienen Zelaya y sus círculos cercanos”, dijo en una entrevista reciente Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica de la influyente Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA en inglés).
Hasta ahora, Castro había navegado sobre estas dudas e incluso había salido bien parada tras no asistir a la IX Cumbre de las Américas organizada por la administración Biden. La vicepresidenta Kamala Harris, cuestionada por la ausencia de la hondureña, se apresuró a decir que las relaciones con Honduras eran muy buenas.
El martes 20, sin embargo, Castro y su cancillería reaccionaron indignadas por la inclusión de miembros de LIBRE y aliados políticos de Mel Zelaya en la Lista Engel; acudieron los hondureños a la misma fórmula que han ocupado los vecinos salvadoreños y guatemaltecos cuando Washington les cuenta las costillas: acusar a los estadounidenses de intervencionismo.
“El Gobierno de la República desea expresar su rechazo categórico a la Lista Engel, publicada recientemente por el Departamento de Estado… por tratarse la misma de un documento motivado políticamente e injerencista. Honduras es una nación soberana y seguirá defendiendo el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos”, dice una nota publicada por Exteriores desde Tegucigalpa.
