Un juez federal desestimó este viernes la demanda de 10,000 millones de dólares presentada por el gobierno de México, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para responsabilizar a fabricantes de armas estadounidenses de facilitar el tráfico de una mortífera avalancha de armas a través de la frontera entre Estados Unidos y México a los cárteles de la droga.
La decisión del juez jefe F. Dennis Saylor en el tribunal federal de Boston es una victoria para Smith & Wesson Brands Inc, Sturm, Ruger & Co y otros acusados de socavar las estrictas leyes de armas de México al diseñar, comercializar y vender armas de asalto de estilo militar que los cárteles podrían utilizar.
La SRE respondió que apelará la resolución del juez y que se trata de una decisión “en primera instancia”.
“El gobierno de México (…) seguirá insistiendo en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y con rendición de cuentas, y que la forma negligente como se venden en los Estados Unidos facilita que los criminales accedan a ellas”, dijo en un comunicado.
El juez Saylor dijo que la ley federal prohíbe “inequívocamente” las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas cuando la gente usa las armas para el propósito con el que se crearon. También dijo que, aunque la ley contenía varias excepciones puntuales, ninguna se aplicaba.
“Aunque el tribunal siente una gran simpatía por el pueblo de México, y ninguna por quienes trafican con armas para las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir la ley”, escribió Saylor en una decisión de 44 páginas.
La Cancillería mexicana y los abogados del país no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios. Un abogado de Smith & Wesson declinó hacer observaciones al respecto. Los abogados de Sturm, Ruger no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
En su demanda de agosto del 2021, México estimó que el 2.2% de los casi 40 millones de armas fabricadas anualmente en Estados Unidos se introducen como contrabando en México, incluidas hasta 597,000 armas producidas por los acusados.
México dijo que el contrabando ha sido un factor crucial para empujar al país al tercer puesto mundial en el número de muertes relacionadas con armas. También afirmó sufrir muchos otros perjuicios, como la disminución de la inversión y la actividad económica y también la necesidad realizar un mayor gasto en la aplicación de la ley y seguridad pública.
Sin embargo, el juez dijo que México no podía superar una estipulación que se encuentra en una ley estadounidense, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que protege a los fabricantes de armas de demandas por “los daños causados únicamente por el mal uso, delictivo o ilegal, de armas de fuego (…) realizado por parte de otros cuando el producto funcionaba como estaba diseñado y previsto”.
La lista de demandados incluye también a Barrett Firearms Manufacturing Inc, Beretta USA Corp, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
