Por el incumplimiento del contrato de 124 mdp para la administración de imágenes médicas, más 57 mil pacientes del ISSSTE ha sido afectados.
Almendra Lorena Ortiz Genis, directora normativa de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la adjudicación de manera directa de un contrato de 124 millones de pesos, que mantiene en jaque a hospitales y unidades médicas.
“Se advierte la posible responsabilidad administrativa, civil, penal y económica, tanto para la empresa Imedic como para los servidores públicos”, revela el Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE en un documento clasificado como confidencial en poder de Forbes México.
El documento en manos de la SFP revela que el contrato fue entregado por asignación directa a Imedic por 124 millones 800 mil pesos, a pesar de que carece de experiencia en el área de venta y distribución de medicamentos y tampoco es apta para prestar el servicio al ISSSTE.
Desde el 1 de diciembre de 2021, Almendra Lorena Ortiz Genis es presidenta del Comité de Adquisiciones del ISSSTE, luego de que trabajó por varios años como gerente general en CPA Consultores y directora de Expansión en Galletas Calientitas.
La funcionaria del ISSSTE, quien es contadora pública por la Universidad Cristóbal Colón, inició como parte de la Ayudantía de Andrés Manuel López Obrador el 5 de mayo de 2021.
Ortiz Genis fue una de las 18 personas que han trabajado adscritas a la Ayudantía del titular del Ejecutivo durante este sexenio y que han sido ascendidas a puestos importantes en diferentes dependencias federales y locales.
Tras siete meses de trabajar en la Ayudantía de la Presidencia de la República, del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2021, fue nombrada como directora normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE.
Dentro del ISSSTE recibe un sueldo mensual bruto de 141 mil 394 pesos y neto de 98 mil 268 pesos.
El registro público dice que la funcionaria del ISSSTE es accionista de cuatro empresas creadas en México para hacer varios negocios.
Sin embargo, en su declaración patrimonial únicamente menciona Ai Solu Arrmi y Almot Joy, donde es la propietaria del 80% de las acciones.
La funcionaria del ISSSTE reportó ser dueña de un departamento de 123 cuadrados de construcción y 135 metros cuadrados de terreno, cuyo valor es de 1 millón 550 mil pesos.
Almendra Ortiz tiene una cercana relación con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, y con Thalía Concepción Lagunas Aragón, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por su parte, Imedic, una compañía fundada en Veracruz por las hermanas Aída y Orquídea González Álvarez, ha proveído a la administración pública de material de curación, medicamentos, ropa quirúrgica e insumos para la salud.
De 2012 a la fecha, ha obtenido 69 contratos con la administración pública federal por más de 656 millones de pesos. Entre 2021 y 2022 obtuvo el mayor número de asignaciones, al sumar 42. En lo que va de 2022, firmó 16 contratos por alrededor de 165 millones 626 mil 858 pesos.
La exayudante del Ejecutivo federal le otorgó el contrato CAAS/ISSSTE/049/2022 para servicios integrales relacionados a la gestión, digitalización, almacenamiento, procesamiento y distribución de imágenes médicas de imagenología (radiología), endoscopía y anatomía patológica.
A pesar de que el contrato está vigente desde el 1 de julio de 2022, la falta de capacidad de la empresa para prestar el servicio ha generado que miles de derechohabientes no tengan acceso a estudios médicos.
“La empresa Imedic incumplió en tiempo y forma con la puesta en marcha y la prestación ininterrumpida del servicio integral”, apunta el Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE.
De acuerdo con el informe, al menos 9 personas han fallecido y 2 mil 573 se encuentran graves por causas directamente relacionadas con la deficiencia en el servicio.
El órgano fiscalizador contabiliza que 57 mil 595 pacientes han sido afectados por las fallas de Imedic. El reporte en poder de este medio detalla que, por la falta de servicio en 31 unidades médicas, se han dejado de prestar 40 mil 86 servicios, se han retrasado 35 mil 547 servicios, faltan 25 mil 633 diagnósticos, se han suspendido 503 cirugías y se han reprogramado mil 57.
“Se constató mediante 40 visitas físicas a cada unidad médica de las seleccionadas, las deficiencias en la instalación, infraestructura, servicios, conexión a las redes informáticas, entre otras, sin que a la fecha pueda prestarse el servicio en su totalidad ni se entera satisfacción de las áreas usuarias y derechohabientes”, refiere.
