Cuatro meses después de haber iniciado su Presidencia, Andrés Manuel López Obrador subió al podio de la ‘mañanera’ y declaró la victoria contra las hordas de ladrones que habían estado desviando millones de galones de gasolina al día de los oleoductos administrados por el Gobierno.
“Hemos logrado eliminar prácticamente el robo de combustible”, proclamó hace tres años el presidente. Se dio la vuelta para mirar un gráfico proyectado detrás de él y comenzó a recitar algunos números. Bajo su supervisión, aseguró, el robo de combustible se había reducido en 94 por ciento.
Los galones robados se redujeron de 3.4 millones por día en noviembre de 2018, un mes antes de que López Obrador asumiera el cargo, a aproximadamente 200 mil en abril de 2019, lo que le ahorró a la compañía petrolera estatal Petróleos Mexicanos millones de dólares, afirmó el mandatario.
“Esta es una prueba”, dijo, “de que no se tolera la corrupción”.
López Obrador llegó a la Presidencia enarbolando la promesa de que erradicaría el soborno y la codicia que han plagado a México durante décadas. En el centro de su lucha estaba poner fin al saqueo desenfrenado del combustible (o ‘huachicoleo’) de Pemex.
Para ello tomó medidas extremas, entre ellas cerrar cientos de kilómetros de oleoductos de Pemex para desalentar el robo, lo que generó escasez de gasolina en todo el país en enero de 2019. Las reabrió solo después de enviar a la Guardia Nacional y reclutar vigilancia militar, un esfuerzo que sigue vigente hoy. Ordenó investigaciones sobre estaciones de gasolina sospechosas de irregularidades contables y cerró a minoristas que no cumplieron con los requisitos reglamentarios.
A primera vista, la disminución de los robos de gasolina en México parece la mayor victoria individual de López Obrador en su lucha contra el crimen, pero una visita a las calles de un grupo de municipios plagados por la delincuencia en el centro de México conocido como el ‘Triángulo Rojo’ muestra los límites del alcance de la estrategia presidencial.
