La última apuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para intentar contener la inflación ha generado incertidumbre y un debate sobre los riesgos sanitarios en México. La nueva batería de medidas acordada por el Gobierno con 15 compañías contempla menos carga fiscal y burocrática para esas empresas. El convenio exime a los firmantes “de todo trámite o permiso” para la importación de alimentos y confía en su “buena voluntad” para que esos productos “no enfermen a la población”. El Ministerio de Hacienda calcula que de esta forma el precio de la canasta básica, que actualmente es de 1.129 pesos, se reduciría un 8% para febrero. Sin embargo, expertos y profesionales del sector reclaman más información o temen consecuencias de salud pública.
El Gobierno informó hace una semana de una serie de medidas adicionales a su Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), presentado en mayo para reducir la alta tasa de inflación, que en septiembre se ubicó en el 8,7% anual. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó que “basado en la confianza” el Gobierno otorgará a las empresas firmantes “una licencia única universal” para importar y distribuir insumos. El acuerdo destaca que “la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país”. “Se les confía [a las empresas] la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad”, dijo Ramírez de la O.
“Es un acuerdo a partir de la buena voluntad”, agregó este lunes López Obrador, y aclaró: “Puedes traer pollo, puedes traer huevo, puedes traer carne, puedes traer arroz, y tú como empresa te haces cargo de que esos alimentos no enfermen a la población. Pasa algo, tú eres el responsable, pero confiamos en ti”. Según el mandatario, esto “va a facilitar que haya más competencia, y que de esa manera el precio de estos alimentos no aumente”. Tras el anuncio, algunas de las las compañías firmantes, entre las que se encuentran Tuny, Bachoco o SuKarne, expresaron en una carta su compromiso a mantener “el apego irrestricto a los principios y disposiciones del marco regulatorio y normativo de autoridades nacionales”.
El profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México Francisco Monroy, sin embargo, opina que el acuerdo “pone el riesgo la salud animal, la sanidad vegetal y sobre todo la salud pública”. “Esta licencia abre una posibilidad enorme a que pueda ingresar cualquier enfermedad porque les están dando [a las empresas] la carta libre para que compren donde quieran”, asegura. “Quieren traer pollo de Brasil, carne de Argentina… Mercados a los cuales México ha estado cerrado desde que tuvimos el brote de fiebre aftosa [en 1946]”, señala.
Monroy va más allá y señala que, además del riesgo sanitario, el impacto en la economía podría ser “altísimo” si enfermedades como la fiebre pocina clásica, erradicada en México desde 2012, o la enfermedad de Newcastle, transmitida por las aves y erradicada en el país desde 2015, entran al país. “Vamos a poner en riesgo la producción avícola, porcícola, bovina…”, dice el veterinario. El Consejo Nacional Agropecuario señalaba en la misma dirección en un comunicado difundido tras el anuncio y advertía de que “la gravedad reside”, en parte, en “la pérdida del buen estatus fitozoosanitario que tiene México”. Eso, señala el escrito, podría afectar “las exportaciones, la generación de empleos y la derrama económica regional”.
Arturo Sandoval, presidente de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Inocuidad y Calidad, cree, sin embargo, que “las cosas van a hacerse de la forma más adecuada” porque “ha costado mucho trabajo tener el estatus fitozoosanitario que tiene el país”. “En la parte sanitaria el Gobierno es muy cuidadoso, y ante todo hay mucha responsabilidad de industriales y ganaderos. [Las empresas] no van a hacer nada que atente contra la inocuidad, sería como darse un balazo en un pie”, confía Sandoval.
El veterinario recuerda que el acuerdo exime a las empresas de los trámites burocráticos para la importación, pero que aún falta conocer cuáles serán los procedimientos para el ingreso de esos alimentos: “No creo que entre un contenedor sin que pase una inspección, y eso no es un trámite sino que forma parte de un procedimiento”.
