Una semana después del asesinato de la diputada Gabriela Marín, no hay apenas avances en la investigación de la Fiscalía de Morelos. La línea principal sigue siendo la “venganza política”. Así lo definió el día después del suceso, el pasado miércoles, el subsecretario de Seguridad en relación a una supuesta disputa por el curul que ocupaba Marín. Una silla en el congreso estatal que parece maldita. En los últimos seis meses han muerto sus dos últimos titulares. En paralelo o de manera complementaria, no está descartada tampoco la implicación del crimen organizado en un Estado donde las acusaciones de vínculos con las mafias alcanzan incluso al gobernador, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.
Marín, representante de la formación local Morelos Progresa, había pasado la tarde en el Congreso y se dirigía a su casa acompañada por su chofer y un escolta. Antes de llegar hicieron una parada en una farmacia. Al salir, dos hombres en motocicleta la dispararon a bocajarro. Tras entrevistar al chofer, que ha quedado herido, y por el patrón del suceso, las autoridades han descartado que se trate de un robo. “Sin lugar a dudas fue una ataque directo”, dijo la semana pasada el fiscal general del Estado, Uriel Carmona.
El gobernador Blanco dio el viernes aun más detalles. “Con base en información del seguimiento de las cámaras de videovigilancia del C5 y algunas particulares que hemos visto podemos afirmar que fue una planeación, iban por la diputada. Había un seguimiento desde hace un tiempo, desde hace 10 ó 15 días la andaban vigilando”. Sobre la posible implicación del crimen organizado, Blanco quiso tomar la iniciativa y declaró: “Yo siempre he dicho que en el Estado hay narcopolíticos y no me van a callar. Estamos esperando también esas detenciones”.
La Fiscalía de momento esta más centrada en la hipótesis de la riña política. Este lunes, ya han comenzado a tomar declaración a un puñado de congresistas, según apuntan fuentes del ministerio público estatal. Entre otros, al matrimonio del que va a salir el próximo titular del escaño ahora vacío. Se trata de Roberto Yáñez y Marguis del Rayo, ambos del mismo partido que la diputada asesinada. Yáñez ya buscó ocupar el escaño en abril después de la muerte de su tío, José Yáñez, que era el titular hasta entonces del curul. Sin embargo, el Tribunal Electoral estatal decidió que no cumplía con los requisitos al tratarse de un escaño reservado por cupo a minorías.
En su lugar, la silla la ocupó Marín. Tras su asesinato, ahora la siguiente en la lista es Del Rayo, la esposa de Yáñez, que a su vez tiene un juicio abierto por supuestas irregularidades en la asignación de una pensión. El Congreso tiene, en todo caso, que decidir todavía sobre la idoneidad de Del Rayo para el puesto. Y no está descartada otra batalla con los tribunales de por medio.
De fondo corre además el cruce de graves acusaciones dentro las instituciones de Morelos. La Fiscalía Anticorrupción investiga hace tiempo al gobernador por casos de corrupción durante su época como alcalde de Cuernavaca (2015-2018). La autoridad federal ha pedido permiso al Congreso para quitarle el fuero y entrar a fondo. No hay fecha aún para esa votación. Además, Blanco también es investigado por la Fiscalía estatal por presuntos nexos con narcotraficantes.
Para añadir más leña al fuego, entre los correos hackeados al Ejército mexicano hace dos semanas ha aparecido un documento, fechado en 2019, donde los militares señalan no solo al gobernador sino a más de una decena de alcaldes, diputados, jueces y demás altos representantes de las instituciones de tener vínculos con las mafias del narco. Morelos lleva al menos la última década entre en los puestos altos por porcentaje de secuestros y asesinatos. El año pasado, según los datos definitivos del instituto de estadística, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 50 a 60, colocándose en el séptimo Estado con los peores números rojos de México.
