Pese a las múltiples leyes que se han firmado en favor de los derechos de las comunidades indígenas, la denuncia en internet parece ser el método más efectivo para hacer reaccionar a las grandes marcas.
Lo han vuelto a hacer. La empresa de ropa de marca Ralph Lauren ha pedido disculpas este viernes por vender varios productos en sus tiendas con un diseño idéntico a los sarapes de Contla, Tlaxcala, y de Saltillo, en Coahuila. “Lamentamos profundamente que esto haya sucedido”, anunciaron en un comunicado. La decisión llega después del revuelo que causó la denuncia que Beatriz Gutiérrez Müller, historiadora y esposa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, realizó en sus redes sociales. “Te invito a Contla cuando puedas, para conocer el gran trabajo de los artesanos que hacen estas prendas desde hace siglos”, ha escrito Gutiérrez Müller en su Twitter como respuesta.
Esta historia se repite cada cierto tiempo. Una marca de ropa internacional, ya sea Zara, Shein o Ralph Lauren, se inspira hasta la copia en el diseño originario de una comunidad indígena. Alguien lo denuncia en las redes sociales —normalmente la Secretaría de Cultura de México— y estalla la rabia. Temerosas de perjudicar su imagen, las empresas en cuestión se apresuran y escriben un comunicado exponiendo lo sorprendidos que están por el descubrimiento, lo mucho que lo sienten y lo comprometidos que están con los derechos de las comunidades indígenas. Descatalogan el producto, lo retiran de sus puntos de venta y, a los pocos meses, otra empresa vuelve a plagiar otro diseño indígena, y así.
La Secretaría de Cultura envió en mayo del año pasado una carta a la empresa española Zara instándole a retribuir a “las comunidades creadoras” por el uso de patrones y bordados oaxaqueños en uno de sus vestidos. Con ella venía citada toda una batería de convenios y textos jurídicos internacionales, desde la ONU a la Organización Internacional del Trabajo, que reconocen de algún modo la autoría y la protección del trabajo artesanal de los pueblos indígenas. Sin embargo, la ley se establece sobre terreno legal peliagudo por la complejidad que implica la autoría colectiva y sus derivadas a la hora de demandar o establecer una compensación por el daño.
Lo mismo sucede con la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que se aprobó en enero de este año. Carlos Lara, abogado especializado en litigios de arte, cultura y derechos culturales, asegura que la ley tiene buenas intenciones, pero su utilidad práctica es mínima para los propósitos que se pretenden. Entre los problemas que destaca está que el derecho de autor es individual, no colectivo, como se pretende con la ley. “Además, los derechos de autor caducan pasados 100 años de la muerte del autor, y estamos hablando de que estos diseños son ancestrales, tienen más de 100, 200 años”, cuenta Lara.
—Entonces, ¿qué recursos legales tiene una comunidad indígena si quiere denunciar la apropiación ilegal de sus diseños?
—En la práctica, ninguno, no tienen ningún recurso más allá de la condena moral de la copia. Tendrían que acreditar la propiedad, que en la ley se estipula que incluye a descendientes, indígenas y artesanos, con la complejidad que eso implica, luego la territorialidad, que normalmente está repartida entre varias comunidades, y la temporalidad, que volvemos a lo mismo de antes, al ser creaciones ancestrales, según la ley de derechos de autor, ya no tendrían derecho a reclamar su creación, igual que un libro o una canción pasados los 100 años de la muerte del creador.
La Secretaría de Cultura no ha respondido a este periódico sobre los recursos legales que tienen o no tienen estas comunidades. Alejandra Frausto, su titular, asegura que con la labor de denuncia que realizan en sus redes sociales han conseguido que al menos 11 grandes empresas de ropa retiren prendas muy inspiradas en motivos indígenas. La labor a la que aspira su departamento, aparte de las denuncias que realizan en las redes sociales cada vez que alguien copia los diseños indígenas, es la de mediar entre estos grupos y las grandes empresas. También se refiere a Original, un evento que se celebrará del 17 al 20 del próximo noviembre, y que busca “crear conciencia sobre el valor del trabajo artesanal”. Para la organización de este festival, los funcionarios de la secretaría recorren el país contactando con los artesanos de estas comunidades, creando una red de contactos que dura más allá del evento.
Ariadna Solís, zapoteca de la comunidad indígena Yalalag, es historiadora del arte especializada en textiles. Asegura que lo que hacen estas empresas va más allá de la simple apropiación cultural, y entra en el terreno del “extractivismo”. “No solo están copiando la cultura, sino toda una serie de costumbres que se han cultivado durante siglos y gracias a las cuales otros obtienen beneficios desorbitados”, explica la activista. Mientras, el 72% de las personas pertenecientes a una población indígena viven en pobreza extrema, según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
