En el marco de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, la diputada Montserrat Ortega Ruiz del Partido Acción Nacional (PAN) denunció presuntos abusos cometidos por empresas de grúas en el estado. Según la legisladora, estos servicios imponen tarifas exorbitantes que superan los 20 mil pesos por el arrastre de vehículos, mientras que en otros estados el costo promedio es de 300 pesos.
Ortega Ruiz señaló que estos cobros son desmedidos, ilegales y carecen de comprobantes oficiales, lo que apunta a un esquema de corrupción. «Cobran 5 mil, 10 mil, hasta 20 mil pesos por el arrastre, y si no puedes pagar, aceptan menos, pero no entregan recibos. Es una corrupción espantosa, o están coludidos o se hacen de la vista gorda», expresó durante la sesión.
Respuestas y acusaciones cruzadas
Ante las acusaciones, Zúñiga Bonilla rechazó las declaraciones de la diputada y la vinculó con la organización “Resistencia Ciudadana,” a la que calificó como de «dudosa reputación». Ortega Ruiz negó tajantemente cualquier relación con dicha organización y aseguró haber sufrido personalmente los abusos de las empresas de grúas, al igual que miles de ciudadanos veracruzanos.
Falta de regulación en el servicio de grúas
La diputada también criticó la falta de regulación para evitar este tipo de abusos. Recordó que, aunque se presentó una iniciativa para un nuevo reglamento de tránsito en octubre durante la Legislatura anterior, esta no ha sido dictaminada ni aprobada. Según Ortega Ruiz, la ausencia de un marco regulatorio permite que estas empresas continúen operando con impunidad.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública defendió las acciones de su dependencia, asegurando que han realizado operativos contra empresas de grúas que no cumplen con la normativa y han asegurado vehículos de estas compañías. Sin embargo, subrayó que la relación de la SSP con las empresas de grúas se limita a la concesión que les es otorgada por las autoridades correspondientes.
Exigen soluciones inmediatas
El intercambio entre la diputada y el secretario de Seguridad Pública subraya la necesidad urgente de implementar medidas que regulen el servicio de grúas en Veracruz y protejan a los ciudadanos de posibles abusos. Este tema sigue siendo una preocupación creciente para la población, que demanda transparencia y acciones concretas por parte de las autoridades estatales.