Se han liberado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército por los hechos.
Autoridades mexicanas han detenido al general retirado José Rodríguez por el caso Ayotzinapa, según ha confirmado este jueves el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía. Entonces coronel, Rodríguez era el comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, durante el ataque contra estudiantes normalistas en el municipio, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Varios medios de Ciudad de México han informado de que Rodríguez se entregó este miércoles e ingresó a la cárcel militar de la capital.
Rodríguez se convierte así en el militar de más alto rango detenido por el caso, en un momento delicado en México, por la discusión sobre el uso del Ejército en tareas de seguridad pública y su poder creciente en la actual Administración. El Congreso acaba de reformar varias leyes que transfieren la Guardia Nacional, la mayor corporación de seguridad del país, a la Secretaría de la Defensa. Hasta ahora aparecía en el organigrama de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, el Senado está por aprobar una prórroga del uso policial de militares hasta 2029.
Ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de la Defensa (Sedena) han informado sobre la detención del general. Preguntado por el asunto, una fuente de la agencia investigadora ha dicho: “No sé”. Contrasta el silencio de la dependencia con los detalles que dio el 19 de agosto, cuando informó que un juez había otorgado órdenes de detención contra 83 personas, entre ellas 20 “mandos militares y elementos de tropa”.
La semana pasada, EL PAÍS ya informó de que una de esas 20 órdenes de captura era contra el general Rodríguez. Antes, el 26 de agosto, la comisión que investiga el ‘caso Ayotzinapa’ señaló al general retirado de ordenar el asesinato de seis de los 43 normalistas desaparecidos. No está claro qué acusaciones pesan sobre el mando militar. En su comunicado del 19 de agosto, la FGR solo dijo que los delitos por los que se habían obtenido órdenes de captura eran “delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia”. La dependencia no detalló cada caso de manera individual.
Fuentes cercanas a la investigación señalan a este diario que la fiscalía armó la acusación contra Rodríguez antes de conocer el contenido del informe de la comisión presidencial.
