El plan de rescate de Acapulco, tras el azote del huracán Otis, prevé una recuperación lenta de dos y cinco años.
En este proyecto habrán de participar el sector empresarial y las autoridades federales y locales. La sociedad civil, como es costumbre, ha puesto su parte desde el inicio de esta tragedia aportando víveres para la subsistencia de cientos de miles de damnificados.
A diferencia de lo sucedido durante la pandemia de Covid-19, en la que no se otorgó alivio fiscal alguno a cientos de miles de negocios que mantenían millones de empleos que finalmente se vieron afectados, en esta ocasión, el gobierno federal anuncia un plan de apoyo fiscal para los contribuyentes localizados en la zona del desastre y para sus habitantes.
Mediante decreto presidencial, en vigor desde el 31 de octubre pasado, se establece –medularmente– un programa que otorga: una deducción inmediata para hoteles y comercios que inviertan en la reconstrucción de sus inmuebles durante octubre, noviembre y diciembre de este año (excluyendo la compra de automóviles y vehículos de transporte); una prórroga para efectuar los pagos provisionales y el entero de retenciones por salarios de esos meses; eximir a pequeños contribuyentes de efectuar pagos provisionales por el periodo indicado; otorgar opciones para la presentación de pagos provisionales para quienes realicen actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas; reducir 20 días los plazos para tramitar devoluciones de IVA y, finalmente, establecer un mecanismo para canalizar donativos deducibles a donatarias autorizadas que los destinen a la reconstrucción de viviendas afectadas, mecanismo que reconoce la desconfianza de la sociedad civil para aportar a instituciones, partidos políticos, fideicomisos u organismos públicos, tras lo acontecido en el sismo del 2017.
En realidad, estos beneficios difícilmente abonarán para la reconstrucción de un desolado Acapulco, el cual acusaba ya muy serias deficiencias en materia de pobreza, narcotráfico e inseguridad. Resulta menos que imposible la reconstrucción de hoteles, restaurantes y comercios en lo que resta de este año, cuando se prevé que, en ese plazo, apenas podrá concluir la remoción de escombros y la conexión efectiva de líneas de electricidad y de agua potable a los inmuebles afectados.
Las prórrogas o condonaciones de pagos provisionales del último trimestre parecen ignorar que durante esos meses simplemente los negocios no habrán de obtener ingresos.
El decreto ignora que el pequeño comercio es informal y no paga impuestos. La informalidad en el puerto es cercana a 60% (claramente superior a la media nacional), y ésta se ha sumado ya a la rapiña y robo de casas y departamentos de pobladores y visitantes. El decreto no contiene estímulo alguno para sostener el empleo existente, ni para crear nuevos trabajos.
Los recursos que el gobierno federal anuncia habrá de aportar rondan los 60,000 millones de pesos, aunque no estén etiquetados en el presupuesto de egresos del 2024. Este monto es menor a 10% del puro sobrecosto del tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el AIFA.
Las señales indican que la recuperación de Acapulco quedará a la suerte de los acapulqueños y de los negocios ahí establecidos y que el fisco no será un damnificado más de Otis.
