El cardenal José Francisco Robles Ortega denunció que la delincuencia organizada cobra una cuota a los párrocos para poder autorizar las fiestas patronales o, de lo contrario, no pueden hacerlas.
El cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, denunció que la semana pasada se encontró con un retén del crimen organizado en los límites de Jalisco y Zacatecas y que “no debemos acostumbrarnos” a este tipo de cosas, aunque sean “el pan de cada día”.
“Yo fui esta semana pasada, fui allá al norte del estado, límites con Zacatecas precisamente y también fui detenido por dos retenes, y obvio que son retenes del crimen organizado y le exigen a uno decir de dónde viene, a dónde va, a qué se dedica, qué hace, eso es como lo más normal y lo más natural”, dijo en una rueda de prensa.
El sábado, el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, aseguró en una entrevista radiofónica que fue retenido por civiles armados durante una visita a Jalisco, en el municipio de Huejuquilla El Alto.
Al respecto, el arzobispo Robles Ortega dijo que “a todos los que pasan les hacen lo mismo” y que no es la primera vez que le ocurre una situación similar. “No es la primera vez que me pasa. Ya he ido para esos rumbos y están establecidos esos retenes ahí, con armas gruesas, armas largas”, señaló.
“Lo que yo digo es ¿por qué?, ¿con qué autoridad un grupo del crimen organizado te obstruye, te detiene y te investiga?, ¿por qué?”, enfatizó.
Relató que los dos retenes en los que fue detenido se encontraban en los municipios de Totatiche y Villa Guerrero.
Denunció que la delincuencia organizada cobra una cuota a los párrocos para poder autorizar las fiestas patronales o, de lo contrario, no pueden hacerlas.
“El encargado de la plaza le autoriza al sacerdote celebrar la fiesta patronal pero tiene que reportarse con el 50 por ciento del resultado de la fiesta”, aseguró.
En ese sentido, pidió a las autoridades que cumplan con su trabajo y ofrezcan seguridad y protección a los ciudadanos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) denunció el pasado lunes que desde el 10 de junio en diferentes tramos de la carretera Huejuquilla el Alto-San Andrés Cohamiata, la cual cruza territorios de los estados de Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit, “se encuentran alojados grupos que actúan al margen de la ley”.
Señaló que uno de estos grupos “acampa dentro del territorio de San Andrés Cohamiata, y transita por sus localidades”, lo que provoca angustia e incertidumbre a la comunidad conformada por 21 localidades.
La CEDHJ pidió a los tres niveles de gobierno que se fortalezcan los mecanismos de coordinación entre las instancias de seguridad pública federal, estatal y municipal para que se proteja a quienes transitan por la carretera Huejuquilla el Alto-San Andrés Cohamiata, y de forma prioritaria a quienes viven y acuden a las comunidades wixaritari, especialmente a San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, Jalisco, y “se les garantice su integridad física y seguridad personal, siempre con respeto y armonía a sus usos y costumbres”.
