La proveedora, funcionaria y multifacética, que vendió desde tinta para impresoras hasta pruebas médicas de VIH.
l gobernador Cuitláhuac García Jiménez se refirió a una mujer como prestanombres y evasora de impuestos por contratos que obtuvo, presuntamente de manera discrecional en su gobierno, cuya bandera es el combate a la corrupción. Se trata de Araly Rodríguez Vez, quien además es trabajadora de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), comisionada en el municipio de Cosoleacaque.
La empresaria que está dada de alta como persona física empezó a recibir contratos del gobierno de Morena en 2019, un año después de que entró en operación la administración estatal de la denominada Cuarta Transformación. Los datos que son públicos en el portal de transparencia revelan que Araly Rodríguez Vez logró contratos por 100 millones 902 mil pesos desde 2019 hasta diciembre del 2022.
Fue la pandemia de Covid-19, y la necesidad de insumos de la Secretaría de Salud de Veracruz, y la venta de uniformes a la Secretaría de Seguridad Pública, los que le garantizaron contratos directos por más de 34 millones y 37 millones de pesos, en cada dependencia.
La asignación de contratos, en los que han estado involucrados varios secretarios de despacho, ha generado polémica, pues nadie asume la responsabilidad de cómo una persona, sin ser propiamente una empresa, logró vender al gobierno del estado desde una computadora, audífonos, uniformes, sillas de ruedas, hasta pruebas de VIH e insumos para la atención de la pandemia por el virus SARS CoV-2.
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) observó desde el año 2020 que la proveedora Araly Rodríguez Vez recibió contratos sin ser parte del padrón de la Secretaría de Salud de Veracruz y, pese a esa observación, la Secretaría de Salud (Sesver), entonces a cargo de Roberto Ramos Alor, le asignó 31 contratos, 27 se los asignó de manera directa, en los tres años.
Recientemente la titular del ORFIS, Delia González Cobos, afirmó que eran las Contralorías Internas de cada dependencia -SSP, SSA, DIF y el Tecnológico de Perote- los que debieron revisar a sus proveedores, que estos estuvieran dados de alta y no figuran en la lista de empresas fantasma.
La historia de los contratos de Araly
El primer contrato que recibió la funcionaria de la SEV fue el número 340 que se trató por adjudicación directa para la adquisición de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y de impresión y reproducción, por un millón de pesos. Ese acuerdo lo firmó en el mes de diciembre del 2019.
Para el año 2020 logró 24 contratos por un monto total de 42 millones 497 mil pesos, todos correspondían a la Secretaría de Salud de Veracruz, a cargo -en ese momento- de Roberto Ramos Alor, hombre cercano a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García.
Los datos revelan que 11 de esos 23 contratos se le adjudicaron a cambio de dotar de insumos y/o equipamiento para atender la contingencia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), pues había una excepción de ley para comprar directamente lo necesario para atender la pandemia; por ese concepto la empresaria ganó 34 millones 825 mil pesos.
Además, vendió, instaló, puso en marcha y capacitó al personal usuario de Equipo e Instrumental Médico, de Laboratorio y Mobiliario Médico para Hospitales y Centros de Salud pertenecientes a la Secretaría de Salud de Veracruz. Fue una licitación pública y ganó 7 millones 700 mil pesos.
En 2020 también facturó por la compraventa de una computadora, tintas para impresoras, discos duros, discos externos para computadora, audífonos, impresora y un apuntador láser.
Para el 2021, el área de injerencia de Rodríguez Vez se amplió. En ese periodo, obtuvo 11 contratos de Sesver, el DIF, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Tecnológico de Perote (ITP); facturó 36 millones 42 mil pesos en el año.
Además de vender tintas para impresoras, productos químicos, farmacéuticos, entregó insumos bucales, para tratar el VIH SIDA E ITS y enfermedades cardiometabólicas, sillas plegables y hasta pizarrones magnéticos y de corcho para la toma de muestras.
El contrato más importante de ese periodo fue la venta de más de 34 mil piezas de uniforme, desde gorras, chamarras, botas y demás artículos que usan los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado. Fue una adjudicación directa por 19 millones 300 mil pesos.
Mientras que el DIF le dio un contrato de un millón 400 mil pesos para la adquisición de sillas de ruedas y carriolas pediátricas del programa apoyos funcionales.
En el año 2022, el DIF le dio un nuevo contrato para la adquisición de sillas de ruedas y carriolas pediátricas del programa apoyos funcionales por un millón de pesos; y la SSP le compró uniformes por un monto de 18 millones 621 mil pesos. Con dos acuerdos facturó un total de 19 millones 668 mil pesos.
