El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la SCJN como un ‘aparato antidemocrático’ y acusó a los ministros de violar la Constitución por tener un salario mayor al suyo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como un “aparato antidemocrático” y descalificó las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante el Máximo Tribunal para impugnar la primera parte del paquete de reformas legislativas en materia electoral, conocidas como ‘Plan B’.
“Si la Corte, que es hasta posible, rechazará la ley electoral, la verdad no pasaría nada. Sería una manchita más al tigre porque estarían avalando salarios estratosféricos para funcionarios públicos”, declaró durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
El mandatario acusó a los ministros de violar la Constitución, “porque ganan mucho más que lo que gana el presidente”. Asimismo, calificó al Máximo tribunal como un “aparato antidemocrático”.
Aseguró que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, es un servidor público “sin principios, sin ideales, un farsante”, al tiempo que sostuvo que “el INE desde hace mucho tiempo está tomado por el bloque conservador”.
López Obrador volvió a centrar sus ataques en el salario de los consejeros electorales, en el dinero que el organismo autónomo destina a los partidos políticos y en la reducción de diputados federales.
Sin embargo, volvió a evadir el tema de los recortes presupuestales.
“¿Cómo se va confiar en los organismos electorales, si se han dedicado a facilitar y avalar los fraudes en México históricamente?”, acusó.
La semana pasada, diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron ante la SCJN cuatro acciones distintas de inconstitucionalidad contra el Plan B.
Los legisladores señalan que las reformas faltan a la equidad en los procesos electorales y atentan contra la transparencia en la rendición de cuentas. Igualmente, advirtieron que eliminan las restricciones a la difusión de propaganda por parte de los servidores públicos y al ejercicio del gasto público y difusión de contenidos gubernamentales.
A su vez, el INE anunció el pasado miércoles que impugnará la reforma ante el Máximo Tribunal porque “dinamitará” la democracia. Asimismo, alertaron sobre riesgos para las elecciones de 2024 porque la reforma reducirá su plantilla laboral en un 85%.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama Rendón adelantó que presentarán dos controversias constitucionales más en febrero. Igualmente, Córdova sostuvo que solicitará a la SCJN que resuelva todas las impugnaciones antes del 2 de junio. Además, denunció que el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López instruyó a los legisladores de Morena “destazar” a ese organismo.
En contraste, AMLO rechazó la semana pasada las acusaciones de los consejeros del órgano autónomo, al cual acusó de permitir el relleno de urnas, la falsificación de actas, el hurto de paquetes electorales y la compra del voto.
López Obrador defendió su proyecto, con el que el Gobierno promete ahorrar 3 mil 500 millones de pesos, y eliminar prestaciones para trabajadores del INE, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y facultades para sancionar a partidos y funcionarios que violen leyes electorales.
El paquete de reformas contempla modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas impulsadas por el gobierno federal y aprobadas por Morena y aliados en diciembre de 2022.
