Este 11 de enero de 2023, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ofrecería una disculpa pública a ocho mujeres, esposas y unas madres de policías municipales de Úrsulo Galván que fueron desaparecidos hace 10 años, durante su horario laboral, en manos de la policía estatal de Arturo Bermúdez Zurita y Javier Duarte de Ochoa.
Las ocho mujeres que forman parte del colectivo Solecito Veracruz estaban listas para presenciar este acto convocado por el gobierno estatal, derivado de la recomendación 24VG/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Por ello, invitaron a familiares, amistades, periodistas y religiosos a presenciar la develación de un memorial frente al palacio municipal de Úrsulo Galván, donde quedaría plasmada la responsabilidad del estado.
“Limpiaremos el honor de nuestros hijos y esposos. No se perdió un perro, se perdió la mitad de mi vida y el tutor de mis hijos”, dijo previamente a la disculpa pública, Marisela Sánchez, esposa del policía Aureliano Sánchez, quien desapareció junto a sus compañeros: Luis Alberto Valenzuela González, Javier Araus Molina, Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra y Guillermo Torres Perdomo.
Pero esa disculpa pública fue aplazada. Martha González, madre de Luis Alberto Valenzuela González, recibió la noticia la mañana de este nueve de enero, a dos días de que se llevara a cabo. “Nos acaban de cancelar la disculpa, dicen que el gobernador tiene reunión con otros gobernadores, quién sabe dónde y que ellos nos avisarán cuando se reprograma. O sea que los intereses de ellos son más importantes que la disculpa para nosotras”, dijo en un mensaje de texto.
“Por actividades imprevistas en la agenda del C. Gobernador del Estado se propuso a las integrantes del Colectivo Solecito, reprogramar para fecha próxima dicho evento, pues es de su interés acompañar a los familiares de las víctimas en tan significativo acto”, se lee en el desplegado.
Las integrantes del Colectivo, no obstante, advirtieron que la cita a las 11 de la mañana, este miércoles en Úrsulo Galván, se mantiene fija. No para aceptar la disculpa pública, sino para protestar contra la administración de Cuitláhuac García, a quien le recuerdan el primer minuto de diciembre de 2018, cuando emitió una Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz.
«Justicia, verdad y reparación”, fueron las palabras con las que García Jiménez inició su gobierno desde el congreso local, misma que, aseguró, incluiría una disculpa pública a las víctimas veracruzanas. El morenista aseguró que su gobierno aceptaba y reconocía la falta de acceso a la justicia para las víctimas, por lo que iniciarían estrategias para localizar a las personas desaparecidas en Veracruz.
El 11 de enero de 2013, alrededor de las seis de la tarde, media planilla de la policía Úrsulo Galván salió a dar un rondín a bordo de una patrulla. Como era habitual, ellos se reportaron con sus esposas y su madre. Prometieron regresar a sus hogares al terminar su turno, pero ese momento no llegó.
De acuerdo con investigaciones ministeriales, el comandante, el segundo comandante y seis policías cuartos de Galván fueron detenidos y desarmados en la comunidad de El Arenal por policías estatales adheridos al grupo Tajín. Testigos de los hechos, un vendedor de cervezas y un despachador de gasolina, declararon que todos fueron repartidos en patrullas de la SSP. Ese fue el último indicio de ellos con vida.
Desplante de Cuitláhuac, igual que Yunes
El desplante de Cuitláhuac García con las ocho familias de Úrsulo Galván no es el primero, uno similar ocurrió durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, con cinco familias de Playa Vicente, cuyos hijos fueron privados de su libertad por policías estatales, también un 11 de enero de 2016 en el municipio de Tierra Blanca.
El primero de septiembre de 2017, estaba pactada una disculpa pública en el municipio de Playa Vicente, a la que tampoco asistió el entonces gobernador Yunes Linares. Las familias accedieron a dialogar con el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié y el fiscal Jorge Winckler Ortiz, hoy preso por el delito de desaparición forzada. Sin embargo, el diálogo se terminó cuando las familias preguntaron “¿Por qué no lo investigan por la desaparición forzada de nuestros hijos?”, en alusión al exsecretario de seguridad Pública con Duarte, Arturo Bermúdez Zurita.
“No vamos a tocar otros temas que no sea una disculpa pública”, reviró Jaime Téllez Marié antes de leer el único punto que la administración de Yunes Linares acataría sobre la recomendación de la CNDH por del caso conocido como Tierra Blanca.
«Pues si no traen resultados entonces vámonos, su presencia de nada nos sirve», respondió José Benitez Herrera, padre de José Benítez de la O, uno de los cinco jóvenes desaparecidos, antes de pedir a los funcionarios que se retiraran del lugar.
“No sabemos si tiene algo que ver que Bermúdez sea uno de los testigos protegidos del exgobernador Javier Duarte, pero la administración de Miguel Ángel Yunes Linares está evadiendo su responsabilidad para fincarle responsabilidades por desaparición forzada”, se sumó a los reclamos el abogado de las cinco familias, Celestino Espinoza Rivera.
«Nunca habíamos escuchado una disculpa pública, pero yo creo que todos sentimos lo mismo: nada. El gobierno simplemente vino a lavarse las manos, diciendo que la desaparición forzada de nuestros hijos no fue durante su administración» lamentó Bernardo Benitez, quien calificó el evento como un insulto público.
