El primer tribunal unitario en materia penal con sede en la Ciudad de México determinó procedente cambiar la medida cautelar de prisión preventiva al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. Sin embargo, no podrá abandonar el Reclusorio Norte, ya que enfrenta el juicio por los sobornos de Odebrecht, y tampoco se traduce en la cancelación de los cargos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra con sobreprecio de Agronitrogenados.
Ante esta resolución judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), promovió un recurso de amparo para que se revise la constitucionalidad de la decisión.
Funcionarios federales explicaron que la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar resolvió un recurso presentado por la defensa de Lozoya Austin, por lo que hace exclusivamente a la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le dictó el juez José Artemio Zúñiga el pasado 10 de noviembre.
La impartidora de justicia consideró procedente que Lozoya Austin enfrentara en libertad su proceso por lo que hace al caso Agronitrogenados, en el cual se le acusa de haber recibido un soborno de más de 3 millones de dólares a cambio de impulsar y aprobar la compra de la empresa que era propiedad de Altos Hornos de México con un sobreprecio de 200 millones de dólares.
Pero, a decir de los funcionarios consultados, la medida “es procedente sólo en el papel, ya que no puede abandonar el Reclusorio Norte, dado que está sujeto a proceso penal por el caso Odebrecht, en el que se acusa a Lozoya de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos para beneficiar a la constructora brasileña.
“Lozoya sólo podría enfrentar sus procesos en libertad si gana otro recurso similar por lo que hace en el asunto de Odebrecht, pero deberá permanecer en prisión.”
Luego de que la decisión judicial se diera a conocer, la UIF informó que “en su carácter de parte ofendida en el proceso penal, presentó este viernes 21 de enero una demanda de juicio de amparo para que sea revisada la constitucionalidad de dicha resolución y solicitó la suspensión de sus efectos a fin de evitar una obstrucción en la continuidad de los procesos.
“Es preciso aclarar que el imputado no alcanza la liberación por la resolución aludida, pues se encuentra sujeto a prisión preventiva por una causa distinta”, que en este caso se trata de la acusación relacionada con Odebrecht.
