En una decisión histórica, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la extinción de siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La iniciativa obtuvo 347 votos a favor y 128 en contra, reflejando una fuerte división en el Congreso.
Entre los organismos que desaparecerán se encuentran también la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Esta reforma, presentada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, plantea que las funciones de estos organismos sean absorbidas por dependencias de la administración pública federal. Según los impulsores de la propuesta, la medida busca evitar duplicidades, reducir gastos y optimizar recursos.
Impacto y preocupaciones
La desaparición de estos órganos ha generado preocupación entre expertos, organizaciones civiles y legisladores de la oposición. Argumentan que la decisión podría comprometer la rendición de cuentas, la transparencia y la regulación independiente de sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y competencia económica.
En el caso del INAI, su eliminación podría limitar el acceso a la información pública y la protección de datos personales, afectando derechos fundamentales de la ciudadanía. Por su parte, la desaparición de organismos como la CRE y la CNH plantea incertidumbre sobre la regulación energética en un país con altas demandas de inversión y desarrollo en este sector.
Siguiente paso: discusión en lo particular
La discusión continuará en lo particular, donde los legisladores debatirán reservas presentadas por la oposición. Mientras tanto, la medida sigue siendo objeto de críticas y análisis sobre sus posibles repercusiones para la democracia y el desarrollo económico del país.
Esta decisión marca un momento clave en la política mexicana, con implicaciones profundas en la estructura institucional y en la relación entre el gobierno y la sociedad.
