El pleno del Consejo General del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) aprobó por unanimidad un recurso de revisión presentado por El Sol de México para que la Fiscalía General de la República (FGR) informe sobre el número de denuncias y carpetas de investigación que se han abierto en contra de los últimos cuatro presidentes de México.
La institución que preside Alejandro Gertz Manero deberá entregar esta información en diez días hábiles, que comprende la presentación de recursos judiciales en contra de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, desde el 1 de diciembre de 2000 al 1 de abril de 2022.
El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, responsable de analizar el asunto, detalló que la información que debe entregar la FGR es “únicamente por lo que hace a aquellas averiguaciones y/o carpetas de investigación que ya sean de conocimiento previo del imputado”.
Lo anterior –dijo– “para no entorpecer las investigaciones iniciadas, ello, con motivo de los encargos públicos ocupados y no así aquellas que llegaran a existir en el ámbito de su vida privada”.
El pasado 30 de marzo, este medio formuló una solicitud de transparencia a la FGR solicitando cuántas denuncias se han presentado en contra de los últimos cuatro presidentes en el periodo del 1 de diciembre de 2000 al 1 de abril de 2022, así como cuántas carpetas de investigación se han abierto contra cada uno de los cuatro políticos en el mismo periodo.
La Fiscalía contestó el 10 de mayo que se encontraba imposibilitada jurídicamente a pronunciarse toda vez que “afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna indagatoria, denuncia, averiguación previa o carpeta de investigación en contra de una persona física identificada o identificable, se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de las personas en comento”.
Alegó también que la información solicitada era confidencial al contener datos personales de los cuatro presidentes.
Nueve días después este medio presentó ante el Inai un recurso de revisión en contra de la respuesta de la FGR, cuyo análisis fue encargado al comisionado Francisco Javier Acuña.
En su fundamentación para revertir la respuesta de la Fiscalía, el comisionado ponente explica que en la interpretación del derecho a la información debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Además, que “las causales de clasificación (confidencialidad o reserva) previstas en la Ley no pueden constituir una regla absoluta, ya que en los supuestos en que la difusión produciría mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, por el interés público que reviste, debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva”.
Acuña Llamas consideró que, en el caso del número de denuncias y carpetas de investigación contra los presidentes de México, el interés público de que se difunda esa información supera la confidencialidad ya que se trata de los servidores con el más alto cargo en la Administración Pública Federal, “es decir, a mayor exposición pública de esa persona, su derecho a la intimidad se ve reducido”.
