El plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador pasó en el Senado de la República por mayoría de votos y fue enviado a la Cámara de Diputados para su votación, lo cual ocurriría este mismo día.
La reforma electoral fue aprobada en el pleno del Senado en lo general con 69 votos a favor y 53 en contra. En tanto, la mañana de este jueves, el dictamen fue aprobado en lo particular y los artículos reservados con 68 votos a favor y 50 en contra.
Por medio de dos minutas, se reforman diversas normas: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRASP).
Asimismo, se deroga una ley y se emite una nueva: Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGMIME).
Con la votación en el Senado de la República se aprueban diversos aspectos, así como se reincorporan elementos que habían sido excluidos del dictamen original.
Por un lado, se recorta estructura, presupuesto, percepciones y facultades al Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo, se eliminan plazas del Servicio Profesional Electoral y se fusionan áreas estratégicas para la organización electoral, entre otras.
De igual forma, se incluye la claúsula de “vida eterna” con la que las coaliciones podrán transferir votos a partidos pequeños para que alcancen el 3% de sufragios nacionales a fin de que mantengan su registro. Esto ha sido considerado como un mecanismo que dará vida eterna a partido satélites como el PT o el PVEM.
Esta última parte había sido eliminada por los senadores en el dictamen de la primera minuta pero fue introducido por la Cámara de Diputados.
Igualmente, se contemplan cambios a la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como Ley Chayote. Entre sus modificaciones está considerar las “manifestaciones” de servidores públicos como “libertad de expresión” y no publicidad. Además, se prohiben las campañas de Comunicación Social como un medio de premio o castigo para la prensa.
Algunos de las reformas contempladas para esta última norma han sido señaladas por organizaciones como Artículo 19 y Fundar como contrarios a la libertad de expresión, acceso a la información y publicidad oficial.
