La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México pagó 624 mil pesos por cuatro servicios para localizar a personas desaparecidas que no se realizaron.
La comisión da seguimiento a los casos de desaparición o desaparición forzada que en la capital del país se deben, según sus propios análisis, a ausencias voluntarias, a temas delincuenciales y a relaciones de poder. Desde 2020 empezó a formular planes de búsqueda estratégica pues reconoció que no todos los métodos se aplican ni funcionan de la misma manera en los casos de desaparición.
Durante 2021 le pagó 624 mil 300 pesos a cuatro personas para que crearan mecanismos para las labores de búsqueda y para localizar e identificar personas. También contrató un servicio de consultoría para revisar y supervisar expedientes de personas desaparecidas, para elaborar estrategias en espacios abiertos y para acompañar a familiares durante visitas a institutos forenses o servicios médico forenses.
De acuerdo con el Segundo Informe Parcial de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), la Comisión no comprobó que esos trabajos se realizaron.
“(La ASCM) solicitó los informes de las actividades realizadas que demostraran los servicios que se prestaron, pero la Comisión no acreditó la prestación de los servicios”, precisa la auditoria.
Las proveedoras fueron Linda Guadalupe Reyes Muñoz para el “servicio de consultoría para la elaboración de estrategias en espacios abiertos, y acompañamiento a familiares durante visitas a institutos forenses o servicios médico forenses, análisis de carpetas de investigación y/o averiguaciones previas”.
También Laura Alicia Puga López, quien tiene dos contratos para “revisión y supervisión de los expedientes de personas desaparecidas” y Lorena Jacaranda Hernández Castelán, que fue aspirante a la titularidad de la Comisión en este año. Su contrato fue para el “servicio de un mecanismo ágil y eficiente para la pronta localización de personas reportadas como desaparecidas y no localizadas”.
