Al menos 700 reclusas han presentado fuertes dolores de estómago, vómitos, diarrea, fiebre, mareos y dolor muscular en el penal de máxima seguridad de Coatlán, Morelos.
Kenia Hernández, activista indígena amuzga, lleva 20 meses privada de su libertad, luego de que fuera detenida y condenada a más de 20 años de prisión por diversos cargos, entre los que se encuentra robo con violencia.
La activista cuenta con dos sentencias condenatorias, que ya fueron apeladas. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que las imputaciones contra Kenia son fabricadas y que sus detenciones han sido arbitrarias.
El pasado 3 de octubre de 2022, la activista alertó a sus abogados sobre la emergencia sanitaria que se vive en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 16, donde ella se encuentra encerrada.
En este penal de máxima seguridad ubicado en Coatlán, Morelos, Hernández reportó el brote de una enfermedad que ha afectado a por lo menos setecientas reclusas y pone en riesgo a cerca de ochocientas.
Según las declaraciones de Kenia, las internas han presentado síntomas que incluyen fuertes dolores de estómago, vómitos, diarrea, fiebre, mareos y dolor muscular. Por su parte, la activista dijo sufrir mareos, fiebre de 39 grados, dolor extremo de cabeza y estómago.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), solicitó la intervención urgente del gobierno mexicano ante la situación en el penal de Morelos.
El caso de Kenia
Kenia Inés Hernández Montalván es coordinadora del “Colectivo Libertario Zapata Vive”, mediante el que defiende los derechos a la tierra, la identidad colectiva y promueve diferentes formas de resistencia pacífica. También es una de las dirigentes del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos.
La defensora comunal fue detenida tres veces. La primera detención sucedió en el Estado de México, en junio de 2020, bajo la acusación de robo con agravante, y culminó con su liberación bajo fianza. Posteriormente, el 18 de octubre fue detenida en Puebla por 22 elementos policiales y de ahí la llevaron al Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La activista estuvo a punto de salir nuevamente de la cárcel, pero el 25 de octubre, día que debía ser liberada, se le detuvo otra vez bajo el cargo de ataque a las vías de comunicación por protestar cerca de una caseta de peaje en Guerrero a principios del 2020.
