Chiapas. Un operativo de seguridad donde participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policía estatal, fue suspendido la mañana de este jueves, a pocos kilómetros de su destino, Santa Martha, en el municipio Chenalhó, Chiapas.
De esta localidad se desplazaron en días recientes unas 200 personas, como resultado de la lucha interna que vive un grupo de civiles armados cuyos integrantes se disputan 49.5 hectáreas de tierra, con un saldo que, aseguran los desplazados, ha dejado al menos seis personas asesinadas.
Ocho días después de los enfrentamientos que iniciaron en Santa Martha, Jesús Jiménez Velasco, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Martha, “acepta y acuerda los recorridos en la localidad”, señala el acuerdo firmado por él en primer plano, y acordado con el capitán de la 31 Zona Militar de la Sedena, Carlos Alberto López; con Jamilton Ríos Sánchez, de la Guardia Nacional; Edward Rodríguez Ortiz, de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México; entre otras autoridades de los gobiernos municipal, estatal y federal.
Un día después del acuerdo, alrededor de las 10 de la mañana salió de la cabecera municipal de Chenalhó el operativo en que participaban media centena de uniformados y agentes de la Fiscalía de Justicia de Chiapas.
Apenas 10 minutos después del recorrido, a la altura de la comunidad Belisario Domínguez, el convoy se detuvo y un oficial de la Sedena pidió a los reporteros que seguían el operativo, desistieran de su intento.
Otra persona que formaba parte de este convoy de seguridad dijo que quienes se encontraban en la comunidad Santa Martha no querían que nadie tomara imágenes del lugar.
Ahí, en Santa Martha, desplazados que han salido de esta y las localidades cercanas, aseguran que hay casas quemadas, evidencia de disparos con armas de alto calibre, y los restos de las personas que han sido asesinadas por este conflicto.
Santa Martha es una zona donde no se le ha permitido el acceso a ningún medio de comunicación. Desde que inició la disputa interna entre el grupo armado que ahí opera, tampoco se ha permitido la entrada a los cuerpos de seguridad del estado mexicano.
Las autoridades del lugar -a quienes los desplazados vinculan con una fracción del grupo armado- tampoco han querido dar su versión de lo que ahí sucede. Fue hasta este jueves, en el marco de los reflectores que han traído la existencia de cientos de personas desplazadas, que el Comisariado de Bienes Comunales de Santa Martha aceptó contestar algunas preguntas.
Dijo que en el lugar hay agresiones en las que se usan armas de grueso calibre, una situación que tiene años y que ocasiona que la población viva con temor, pero -añadió- no se han implementado acciones efectivas para desarmar a quienes hacen uso de este recurso.
El Comisariado negó hablar sobre las acusaciones que hay contra él y otras autoridades, en relación a formar parte del grupo armado ahora dividido. Desplazados y autoridades de Santa Martha se acusan mutuamente de estar agrediéndose mediante acciones armadas, en el marco de la disputa por la tierra que lograron obtener de sus vecinos de Chalchiuitán y Aldama.
Desplazados sin atención institucional
Al poblado de Polhó han llegado hasta el momento 36 familias expulsadas de Santa Martha. Las personas desplazadas reconocen las acusaciones que hay en su contra, de ser parte del grupo armado; aseguran que los armados son sus antes compañeros y ahora sus agresores.
