El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, rechazó este lunes haber participado en una reunión para “fraguar la verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
“Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días”, aseguró.
Mediante sus redes sociales, el funcionario capitalino reaccionó así a la afirmación de la fiscal encargada del caso, Lidia Bustamente, quien en la audiencia del exprocurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, aseguró que García Harfuch había participado en un cónclave de altos mandos de la Policía Federal y de la propia PGR para configurar la versión dada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Al presentar los datos de prueba para imputar el delito de tortura a Murillo Karam, la fiscal de la FGR explicó que Bernardo Cano Muñozcano, exsecretario particular de Tomás Zerón de Lucio y quien habría grabado los videos en los que se torturó a los detenidos del caso Ayotzinapa, se acogió a un criterio de oportunidad y reveló los detalles del encuentro que sostuvo Murillo Karam con “altos mandos” de la Policía Federal y de la propia Fiscalía.
El encuentro habría ocurrido en Iguala, Guerrero, el 7 de octubre de 2014, bajo la dirección del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y con la participación del excoordinador antisecuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, actualmente prófugo; del exdelegado de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch; del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; del exdirector de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta; y del exdelegado de la PGR en el estado de Guerrero, José Luis Martínez Pérez.
García Harfuch calificó este lunes como “absurda” dicha versión, mediante el mensaje subido a sus redes sociales. En otros momentos ha insistido que cuando ocurrieron los hechos de Iguala, él ya no estaba en la zona, sino que se encontraba con la Policía Federal en Michoacán, donde había sido asignado.
El sábado pasado, un juez federal dictó la prisión preventiva justificada contra Murillo, por posible riesgo de fuga, dentro del proceso penal que se le sigue por los delitos de obstrucción a la justicia, desaparición forzada de personas y tortura en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. El exfuncionario fue detenido el pasado viernes en su casa de las Lomas de Chapultepec.
La llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, arrancada con torturas y siembra de pruebas como señalan los informes, señalaba que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas al río San Juan.
El gobierno de Enrique Peña nieto le dio ‘carpetazo’ al caso en 2015 con esta versión, que limitaba la responsabilidad de la desaparición de los estudiantes al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a su esposa, María de los Ángeles Pineda y al cártel Guerreros Unidos.
Ello, sin tomar en consideración las evidencias que apuntaban al involucramiento de las fuerzas estatales, federales y el Ejército en los hechos, ya sea por acciones directas u omisiones deliberadas.
El pasado jueves, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó las conclusiones del informe Ayotzinapa, donde destacó que fue un crimen de Estado, en el que concurrieron criminales de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideró en su informe de marzo de este año, que la llamada “verdad histórica” fue una manera de ocultar el destino de los estudiantes mediante una versión distorsionada que daba por cerrado el caso e impedía que los estudiantes fueran realmente buscados, y en lo posible, encontrados.
