La Fiscalía acusa al que fuera el máximo responsable de la investigación de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, al tiempo que anuncia una orden de detención contra 20 mandos militares.
El que fuera fiscal general de México durante una de las peores tragedias que se recuerdan, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, ha sido detenido este viernes. La Fiscalía acusa a Jesús Murillo Karam de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia por el caso de los jóvenes. El exfiscal ha sido arrestado un día después de que la Comisión para la Verdad, un comité creado para aclarar lo sucedido esa noche del 26 de septiembre, concluyera que la persecución y secuestro de los estudiantes de Magisterio, así como una cadena de negligencias en la investigación, constituyó “un crimen de Estado”. Murillo Karam, la cabeza visible de la gran cantidad de errores denunciados, que han impedido acceder a la verdad y la justicia desde hace ocho años, es el primer político de alto nivel que se sentará en el banquillo por el caso que cimbró el Gobierno de Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018).
Murillo Karam ha sido detenido en su casa este viernes y, según un comunicado de la Fiscalía, “colaboró con las autoridades sin oponer resistencia”. El exfiscal había sido señalado también por una posible participación en tramas de contrataciones ilícitas de equipos de espionaje y aeronaves. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el grupo político del exfiscal, ha criticado el arresto: “La detención de Jesús Murillo Karam responde más a un tema político, que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos”, ha señalado en su cuenta oficial de Twitter.
Unas horas después de la detención de Murillo, la Fiscalía ha anunciado otro golpe contra los posibles responsables de la desaparición de los estudiantes: el Ejército. Se ha emitido una orden de detención contra 20 mandos militares y personal de tropa de los batallones de la ciudad de Iguala, en Guerrero, donde sucedió la persecución de los jóvenes. También contra cinco autoridades administrativas y judiciales del Estado de Guerrero; 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; además de otros 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. “Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia”, señala el comunicado de la institución.
Omisión y negligencia
La captura del exfiscal se ha ejecutado un día después de que la Comisión señalara a autoridades federales del más alto nivel como “omisas y negligentes”. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que presentó las conclusiones sobre el caso Ayotzinapa el jueves, señaló a Murillo entre una lista de presuntos responsables de tortura y desaparición forzada, donde también figura el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, prófugo de la justicia desde 2020 y refugiado en Israel, un país con el que México no tiene acuerdo de extradición.