Sin la presencia del PRI, PAN y PRD, legisladores de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo acordaron remover al priista Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
Por mayoría de votos, eligieron a la morenista Julieta Ramírez Padilla como la nueva presidenta en funciones.
A la reunión asistieron 21 diputados de estos tres partidos; la oposición tiene 17 legisladores en esta comisión, pero ninguno asistió a este debate; posteriormente, el partido tricolor afirmó que la convocatoria a la reunión fue ilegal.
Ante las múltiples acusaciones durante su gestión como gobernador de Campeche y como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las y los diputados de Morena solicitaron en julio pasado remover a Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas como presidente de la Comisión.
Los legisladores de Morena resaltaron que Moreno Cárdenas ha utilizado de manera facciosa las instituciones para obtener beneficios personales al margen de la ley; así como los cargos que ostenta para presionar, manipular y ensañarse con las personas, por lo que afirmaron, no se le puede considerar para dirigir el diseño normativo de la nación desde una comisión tan trascendental como la de Gobernación y Población.
Los diputados de Morena recordaron que entre las acusaciones contra Moreno Cárdenas, está el derroche en gasto de comunicación social durante su gestión como gobernador de Campeche, así como las irregularidades identificadas por la Auditoría Superior de la Federación por 4 mil 336 millones de pesos.
Así como los audios que han salido a la luz, donde se revelan conversaciones que exponen supuestos delitos electorales cometidos por el dirigente del partido tricolor, aunado a ello se señalan las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía del Estado de Campeche y la Fiscalía General de la República.
El PRI nacional publicó un comunicado en el que afirma que fue ilegal la convocatoria para la sesión donde se tomó esta determinación.
El dirigente nacional del PRI afirmó que los dictámenes deben distribuirse vía electrónica entre sus integrantes con cinco días de anticipación a la reunión en que se discuta y se vote, lo que no ocurrió en este caso.
“Alito” solicitó a la Junta de Coordinación Política que exhorte a los diferentes actores que intervinieron en el intento de convocatoria, “que violenta flagrantemente el Reglamento de la Cámara, se abstengan de realizar este tipo de prácticas, que deterioran la legalidad y enrarecen la discusión de los asuntos”.
También señaló que los secretarios que convocaron a la reunión no han sido nombrados oficialmente, por lo que no tienen facultades para realizar convocatorias.
