La dictadura de Venezuela inició una nueva ola de detenciones selectivas contra trabajadores, activistas sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos de oposición, denunció este miércoles la ONG Provea.
“Aproximadamente a las 07:30 de la noche de este 6 de julio, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) interceptaron al ciudadano Gabriel Blanco en las afueras de su vivienda ubicada en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud, en la parroquia Coche, al suroeste de Caracas, y lo conminaron a acompañarlos a la sede central del organismo para una ‘entrevista’”, informó la organización en su página web y en redes sociales.
En las últimas 72 horas, fuerzas chavistas arrestaron a otros seis activistas y dirigentes: Emilio Negrín (dirigente sindical, presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial), Alcides Bracho (líder social, profesor universitario, dirigente de Bandera Roja), Reynaldo Cortés (coordinador de Bandera Roja en Guárico), Néstor Astudillo (dirigente de Bandera Roja), Alonso Meléndez (militante de Bandera Roja) y Yeny Zorelis Pérez (se la llevaron porque no consiguieron a su esposo, el militante de Bandera Roja, José Castro). La detención de Blanco es la séptima en tres días.
A uno de ellos, Alcides Bracho, lo imputaron por los delitos de conspiración, posesión de arma de fuego y asociación. “El juez cuarto de Terrorismo ordenó mantener la privación de libertad sin contar con elementos de convicción”, denunció la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Provea publicó el video del momento de la detención de Gabriel Blanco e indicó que lo acusaron de terrorismo y asociación para delinquir.
“Los funcionarios no mostraron ningún documento que involucrara a Blanco con alguna investigación en curso, tampoco alguna orden de aprehensión en su contra. Gabriel Blanco se negó a acompañarlos e inmediatamente decenas de sus vecinos salieron a resguardarlo ante la actuación ilegal de los funcionarios de la DGCIM. Sin embargo, los agentes policiales retuvieron su teléfono celular y su cédula de identidad”, amplió la ONG.
También recordó que Blanco trabaja en una importante agencia humanitaria que tiene presencia en el país. Es un activista de derechos humanos y dirigente sindical vinculado a la Alianza Sindical Independiente (ASI), una de las centrales sindicales más importantes de Venezuela que ha encabezado los recientes procesos de diálogo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde Blanco desempeña el cargo de Secretario de Medios de la Seccional Caracas. Antes, estuvo vinculado en el Sindicato Único de Trabajadores de Carrera Legislativa de la Asamblea Nacional (Sinfucan).
Un equipo de Provea se trasladó hasta la vivienda de Blanco para asistirlo legalmente e impedir que se concretara la detención. También solicitaron la presencia de fiscales del Ministerio Público en el sitio para garantizar el respeto a la integridad y al debido proceso del trabajador humanitario.
Los funcionarios de la DGCIM alegaron que la orden estaba en camino, lo que prolongó la situación de tensión por más de seis horas. En el lugar se presentaron casi 50 agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), según consignó la ONG citada.
Casi a la 1 de la madrugada de este jueves, los oficiales de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la PNB se presentaron con la orden de arresto. Lo trasladaron a la Comisaría La Quebradita y en estos momentos no se tiene más información sobre su estado.
236 presos políticos
La ONG Foro Penal afirmó este miércoles que en el país hay 236 personas detenidas a las que considera presos políticos, tres menos respecto a su último reporte, publicado el pasado 16 de junio.
La organización indicó que del total de reos, 222 son hombres, 14 mujeres y hay un menor de edad, de los que 107 son civiles y 129 militares.
“Desde 2014 se han registrado 15.764 detenciones políticas en Venezuela”, según el Foro Penal.
En la última semana, hubo tres excarcelaciones, aunque la ONG no detalló si a estas personas se les otorgó libertad plena o con medidas cautelares.
Asimismo, indicó que de los detenidos, 55 han sido ya condenados y 179 esperan por una sentencia de tribunal.
