En un movimiento que refleja la creciente oposición a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, 18 estados de Estados Unidos han presentado una demanda conjunta contra el decreto de ciudadanía recientemente firmado por el mandatario. Este decreto establece nuevas condiciones más estrictas para la obtención de la ciudadanía estadounidense, incluyendo requisitos de idioma, pruebas de historia y civismo más rigurosas, y una verificación exhaustiva de antecedentes.
Argumentos legales y preocupaciones
Los estados demandantes argumentan que el decreto es inconstitucional, ya que excede las facultades del poder ejecutivo al modificar unilateralmente las reglas de naturalización sin la aprobación del Congreso. Además, sostienen que las medidas discriminan a los inmigrantes de bajos recursos y dificultan su integración en la sociedad estadounidense.
La fiscal general de Nueva York, una de las principales impulsoras de la demanda, afirmó que el decreto «viola los principios fundamentales de igualdad y justicia que sustentan nuestra nación». Otros estados, como California, Illinois y Massachusetts, también se han sumado al litigio, señalando que la medida podría tener un impacto negativo en sus economías al desalentar la inmigración legal.
La respuesta de la Casa Blanca
La administración Trump ha defendido el decreto como una medida necesaria para garantizar que los nuevos ciudadanos estén «plenamente preparados» para asumir los derechos y responsabilidades de la ciudadanía estadounidense. En un comunicado, la Casa Blanca calificó la demanda como «un intento político de obstruir las reformas migratorias esenciales».
Impacto en las comunidades migrantes
Organizaciones de derechos civiles y grupos proinmigrantes han expresado su preocupación por el impacto del decreto, especialmente en comunidades vulnerables. Señalan que los requisitos adicionales podrían excluir a miles de personas que, a pesar de contribuir significativamente a la economía y la sociedad, enfrentarán barreras insuperables para obtener la ciudadanía.
Lo que sigue
El caso, que probablemente llegará hasta la Corte Suprema, se suma a una serie de batallas legales que han definido la administración Trump. Mientras tanto, los estados demandantes y las organizaciones aliadas continúan trabajando para proteger los derechos de los inmigrantes y garantizar que el proceso de naturalización sea justo y accesible para todos.
Este enfrentamiento subraya las profundas divisiones en torno a la política migratoria en Estados Unidos y plantea preguntas fundamentales sobre el futuro del país como destino para quienes buscan una vida mejor.
